La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse sobre la demanda contra la ley de reforma a la salud (Ley 1438 del 2011), que, a juicio del demandante, debió tramitarse como una ley estatutaria, porque regula la salud como derecho fundamental. El Ministerio Público explicó que la demanda no reúne las exigencias para emitir pronunciamiento de fondo, pues hay “falta de certeza y especificidad del cargo planteado”. Explica la procuraduría que el autor asume que cualquier regulación legal que tenga relación con la salud, sea cual sea, debe ser tramitada como ley estatutaria. Sin embargo, “la ley no se ocupa de la salud como derecho fundamental, ni afecta su núcleo esencial, sino que se dedica a reformar las normas que regulan la prestación del servicio público de la salud en el marco administrativo previsto para la seguridad social”.