Para superar la visible desigualdad entre funcionarios judiciales y magistrados de las altas cortes, el Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por compensación. La Sección Segunda del Consejo de Estado, conformada por una sala de conjueces, examinó el decreto y concluyó que esa bonificación sigue vigente y constituye un derecho adquirido. Según la corporación, aunque el Decreto 610 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, este fue declarado nulo en el 2001, por lo que la norma derogada revivió. De otra parte, aclaró que si bien la parte resolutiva del decreto que estableció la bonificación se refirió como medida de ajuste solo al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes, no puede entenderse que esa sea la única bonificación, pues en la parte considerativa se indicaron las bonificaciones por el 70% y 80%. En el fallo, se señalaron las reglas de competencia para conocer las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (C.P. Jose F. Torres Fernández de Castro).