El Ministerio del Interior y de Justicia presentó un proyecto para actualizar la regulación del arancel judicial, que actualmente se cobra a algunos procesos cuando las pretensiones superan los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Gobierno pide derogar la reglamentación vigente (Ley 1394 del 2010) y permitir el cobro de esta contribución parafiscal a todos los procesos judiciales con pretensiones de dinero. Como novedad, se exceptuarían los procesos contencioso administrativos, además de los ya establecidos, que son los penales, laborales, de familia, de menores y los juicios de control constitucional o derivados de la acción de tutela. Finalmente, las personas jurídicas de derecho público también quedarían exceptuadas.