Aunque la realización de estudios técnicos sobre reformas de plantas de personal constituye una práctica sana, en cuanto permite adelantar dicho proceso con la racionalidad y cuidado que demanda este aspecto de la gestión pública, mientras estuvieron vigentes la Ley 27 de 1992 y el Decreto 1223 de 1993, la realización de los estudios técnicos no era una exigencia para reformar las plantas de personal de las entidades públicas. Así lo reiteró el Consejo de Estado al confirmar el fallo que negó la nulidad del Decreto 180 de 1993, de la Alcaldía de Barranquilla, mediante el cual se suprimieron varios cargos en la administración distrital central. La Sección Segunda recordó que solo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 443 de 1998 la elaboración del informe técnico se convirtió en una exigencia para reformar las plantas de personal de las entidades del sector público (C. P. Gerardo Arenas Monsalve).