El Consejo de Estado advirtió que el Estado responde por las conductas de sus agentes que causan un daño, siempre y cuando estas tengan un vínculo con el servicio público, esto es, que se presenten externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio. Por ello, la simple calidad de funcionario que tenga el autor del hecho dañino no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado, separado por completo de toda actividad pública. La Sección Tercera negó la responsabilidad estatal en un homicidio cometido por un suboficial del Ejército Nacional, pues este se encontraba en licencia y el arma que utilizó era de defensa personal (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).