Dentro del proceso de revisión del Decreto Legislativo 4975 del 2009, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social, la Corte Constitucional solicitó varios informes que sustentarían la expedición de la norma. El Gobierno deberá entregar los estudios que determinaron la insuficiencia de recursos para atender la demanda de servicios y medicamentos incluidos y excluidos del plan obligatorio de salud y los que estimaron que para el primer semestre del 2010 se iban a agotar los excedentes del Fosyga. Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas deberá entregar un estado financiero de las IPS y de evolución de la cartera hospitalaria de los departamentos con las EPS (M. P. Jorge Iván Palacio).