El Consejo Superior de la Judicatura señaló que de las 11.200 quejas presentadas por el Ministerio del Interior contra los jueces del país, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios a detenidos de diferentes cárceles del país, el 90% son infundadas. El presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Henry Villarraga, afirmó que la corporación está pensando en solicitar una investigación contra los funcionarios que presentaron las quejas injustificadas de manera masiva, entre ellos, el ex ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio. Añadió que son los propios directores de cárceles los que están concediendo esos beneficios y los reclamos se trasladan a los jueces.