El Consejo de Estado admitió la demanda contra los fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación que destituyeron y suspendieron a la exsenadora Piedad Córdoba, pero negó la solicitud de suspensión provisional sobre los mismos. Según la Sección Segunda, al admitir la demanda, no se puede analizar qué constituye la vigilancia superior de la conducta de los congresistas para determinar si hubo o no exceso de funciones por parte del Procurador General. Además, explicó que era necesario que la excongresista aportara una prueba sobre el acto de delegación de la actividad humanitaria que supuestamente le encargó el Presidente de la República. Respecto al argumento de que por la existencia de la pérdida de investidura no proceden las sanciones disciplinarias contra los congresistas, el alto tribunal aclaró que son dos acciones diferentes y ninguna invalida a la otra. Finalmente, señaló que para que proceda la suspensión “es requisito legal que se cumpla la manifiesta violación de disposiciones legales, hecho que no se da en el caso de las providencias por las cuales se decretó la sanción disciplinaria” (C. P. Gerardo Arenas).