El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por las lesiones causadas a una ciudadana de Medellín, por un impacto de bala recibido durante un operativo que realizaba la Policía Nacional, en el que resultó muerto un señalado narcotraficante. La Sección Tercera indicó que el Estado debe responder patrimonialmente por las lesiones personales causadas, sin importar si el daño se ocasionó o no con un arma de dotación oficial, pues tiene la obligación de reparar los daños que tienen la característica de ser anormales y excepcionales. Añadió además que los ciudadanos no tienen la obligación de soportar dichas eventualidades, porque son cargas desiguales que les imponen las instituciones estatales (C. P. Enrique Gil Botero).