¿Se cae la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional?

 

 

 

 

 

 

Eliana Poveda

Redactora Ámbito Jurídico

 

Numerosas alertas han sonado por la crisis que atraviesan varios edificios de la Universidad Nacional, sede Bogotá. En medio de grietas, paredes deterioradas y techos inestables por el paso de los años, los estudiantes continúan recibiendo clases en edificaciones que amenazan con caerse.

 

Esta vez, los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas fueron los afectados. El pasado 28 de octubre, ante la falta de mantenimiento y adecuación de la facultad, parte del techo de la edificación cayó tras una fuerte lluvia, dejándolos en condiciones de riesgo.

 

A modo de protesta, algunos de ellos se organizaron para tomar clases a las afueras de algunas entidades del Estado. En los andenes que están al frente del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda y en la plazoleta del edificio de Caracol Radio, los estudiantes se han reunido para exigir lo que, a su juicio, les corresponde: una mejor distribución del presupuesto y una mayor inversión en infraestructura.

 

Aunque funcionarios expertos en ingeniería de la universidad inspeccionaron el edificio y determinaron que la construcción se encuentra estructuralmente estable, algunos líderes estudiantiles y miembros del Consejo Superior Universitario aseguran que continúa en riesgo.

 

Por eso, afirman que están tomando clases en condiciones indignas, que contrarían los principios básicos de la dignidad humana y el derecho a la educación.

 

¿Derrumbe inminente?

En días pasados, la representante a la Cámara Ángela Robledo denunció el estado en el que se encuentran cerca de 26 edificios de la universidad, entre ellos, los de las facultades de Arquitectura, Enfermería, Cine, Derecho, Diseño Gráfico y Artes. En su criterio, esta situación deja en riesgo a la comunidad estudiantil y pone en evidencia el interés que tendrían algunos grupos empresariales en los predios del centro educativo.

 

“La ministra de Educación, María Fernando Campo, nunca ha recorrido la universidad. Este es un Gobierno para el cual la Universidad Nacional no existe, no le duele. No es suficiente, sabemos que el edificio de la Facultad de Derecho se estaba destruyendo. Desde hace mucho tiempo los estudiantes saben de esta situación, son edificaciones muy viejas que necesitan un plan de  contingencia”, aseguró Robledo.

 

Posición similar tiene el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Gregorio Mesa, para quien ni la Ministra de Educación, ni el Gobierno Nacional son conscientes de la gravedad del problema.

 

Mesa señala que la inversión necesaria para adecuar la facultad asciende a 15.000 millones de pesos, y que estos recursos deben ser aportados por el  Estado, pues la Universidad Nacional no cuenta con el musculo financiero necesario para autofinanciarse.

 

“Estas edificaciones fueron hechas con estándares de los años treinta y cuarenta, pero hay que someterlas al estándar normativo de sismorresistencia del último tiempo. El poco mantenimiento que ha tenido la facultad escapa de sus manos, porque no es la universidad la que cuenta con los recursos y, por lo tanto, es el Estado colombiano el que debe resolverlo”, señaló.

 

“Tenemos clases en condiciones indignas”

Según Inti Mesias, estudiante de Ciencias Políticas e integrante del Consejo Superior Universitario, de los 152 edificios de la Universidad Nacional, 62 se encuentran en estado de vulnerabilidad, el 92 % no cumple las condiciones de sismorresistencia y el 5,6 % está en ruina.  

 

“Lo cierto es que los estudiantes de la facultad, que somos más de 2.400, estamos deambulando por la universidad, buscando dónde recibir clases y superar la crisis de infraestructura que hoy padecemos. No hay espacio suficiente para poder suplir los espacios que brindaba el edificio. La preocupación que nosotros tenemos es que nos pase lo que pasó con Enfermería, que hoy es uno de los cuatro edificios que amenaza ruina, o lo que pasó con Arquitectura hace un año, que ya está cerrada y tiene a los chicos afuera, recibiendo clase fuera del campus, o lo que pasa con Cine y Televisión, donde se cayó el baño de mujeres”, agregó.

 

Por su parte, Laura Niño, también estudiante de Ciencias Políticas, asegura que tras la evacuación del edificio, los estudiantes vienen recibiendo clases de manera indigna e improvisada, en instalaciones que, como las de Derecho, representan un riesgo inminente.

 

“El problema se ha incrementado porque, a causa de la evacuación, no se han reasignado varias clases o se han reasignado de manera indigna, tales como oficinas para seis personas, que albergan clases de 20 personas; salas de informática que no estaban habilitadas para dictar clase. La designación de salones ha sido precaria, deficiente, y la respuesta de la administración ha sido que como el semestre se tiene que acabar, entonces nos tenemos que acomodar a las condiciones”, asegura.

 

¿Una evacuación necesaria?

El pasado 29 de octubre, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae) adelantó una inspección en el edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y recomendó la restricción total del uso del edificio, debido al riesgo de nuevos desprendimientos de los cielorrasos, que podrían generar situaciones de riesgo.

 

La entidad sugirió realizar un estudio de vulnerabilidad, para determinar afectaciones que no fueran notorias a simple vista. Sin embargo, la semana pasada, los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas fueron informados de que debían volver a las instalaciones, luego de que la Vicerrectoría determinara que no había evidencias visibles de riesgos inminentes.

 

“No tenemos hechos concretos de la situación real del edificio, además de los hechos descritos por el Fopae, que han sido solamente visuales sobre en qué condiciones está. Y digamos que se nos ha dicho que el edificio no tiene ningún riesgo estructural, porque los ingenieros que han venido dicen que no hay ninguna grieta que muestre este riesgo. Pero eso solo ha sido mirando superficialmente las instalaciones. Sin embargo, no hay ningún estudio que confirme que esta afirmación es cierta. El arreglo que se está haciendo es al techo y solamente se está haciendo una abrazadera para sostener las vigas de madera, para que estén más seguras”, señaló Alejandra Cáceres, estudiante de Derecho.

 

Los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas continúan a la espera de que se realicen los estudios y las adecuaciones necesarias para dejar en óptimas condiciones el edificio. Se estima que tendrán que esperar cerca de un año, para volver a tomar clases en la edificación. Mientras tanto, seguirán a la deriva, tomando clases en diferentes lugares de la universidad y esperando a que su principal demanda sea escuchada: que se distribuya el presupuesto y se invierta en infraestructura.