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El coronavirus, el Derecho y el control disciplinario

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El coronavirus, el Derecho y el control disciplinario (Humberto Pinto)

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador Judicial II para Asuntos administrativos

Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

De tiempos remotos, el Derecho ha servido para solucionar los problemas de la sociedad: el Código de Hammurabi (Babilonia, 1750 a. C.) y las Doce Tablas (Roma, 462 a. C.) sirvieron a los dirigentes de la época para controlar y dirigir a la sociedad. Después de la Revolución Francesa (París, 1789), este mecanismo de control fue clave para frenar el poder y regular las necesidades de los ciudadanos (C. Const., Sent. T-406/92, M. P. Ciro Angarita Barón). Si se quiere más claro, el Derecho ha sido considerado como un instrumento político que les permite a los gobernantes resolver problemas sociales y canalizar las demandas de los habitantes que se encuentran bajo su gobierno (Foucault, M. (1983). El sujeto y el poder, Carpe Diem Ediciones).

 

Generalmente, el Derecho ha servido para canalizar el pánico en épocas de desastres naturales, epidemias, sequías, terremotos, inundaciones o calamidades sociales, incluso en momentos de atentados terroristas, como los ocurridos en EE UU, en el 2001, o en Francia, en el 2015. De su lado, el control disciplinario ha servido en todas las sociedades modernas para controlar la adecuada aplicación del Derecho. Un caso reciente nos explica las importantes relaciones que existen entre ambos.

 

En nuestro tiempo, muy recientemente, un virus venido de China pone en jaque al planeta entero y es declarado como pandemia global, lo que obliga a muchos gobiernos a ingeniarse las medidas jurídicas más innovadoras para hacer frente a esta calamidad de salud pública. En EE UU, por ejemplo, ha sido declarado el Estado de emergencia nacional, prohibiendo en territorio americano, por un espacio de tiempo de 30 días, todos los vuelos procedentes de Europa. Esta decisión fue calificada en Francia como “aberración sanitaria” y generadora de un caos económico sin precedentes.

 

En ese continente se han tomado algunas medidas extraordinarias: en Italia, por ejemplo, se ha decido poner en cuarentena a toda la población, aislando al país del resto del mundo e imponiendo un toque de queda a todos sus habitantes después de las seis de la tarde.

 

En España se decreta estado de alarma y se prohíbe, en primer lugar, sobre territorio español, la llegada de los vuelos procedentes de Italia. Después, se ordena el cierre de escuelas y colegios públicos, así como la protección reforzada en cuarentena de todos los centros que acogen adultos mayores y, por último, se ordena el cierre de centros deportivos y culturales. En varias comunidades autónomas se ha restringido la circulación de las personas, se ha ordenado el cierre de establecimientos públicos y de comercio y se han cancelado todos los eventos culturales y deportivos programados en los próximos meses.

 

De su lado, Alemania restringe el paso terrestre con Francia, Austria, Luxemburgo, Dinamarca y Suiza. Todas estas medidas han sido planificadas y acompañadas de importantes medidas de compensación económica para las personas más afectadas. En Francia, llamó la atención la autorización del gobierno de 300.000 millones de euros para pagarles a los afectados por las medidas créditos, servicios públicos y arriendos por el tiempo que dure las medidas.

 

¿Improvisación?

 

En Colombia, por el contrario, todo parece ser caos e improvisación. Las primeras medidas de cuarentena para extranjeros y residentes colombianos provenientes de Europa nunca estuvieron acompañadas de medidas jurídicas que permitieran establecer quién era el responsable de canalizar los flujos migratorios. El Procurador General de la Nación tuvo que intervenir la situación, por cuanto el caos se apoderó del Aeropuerto Internacional El Dorado en medio de las peleas entre Opaín, como administrador del aeropuerto, y Migración Colombia, como responsable de la migración de personas.

 

La Defensoría del Pueblo y algunos organismos de defensa de los derechos humanos denunciaron el lamentable estado del lugar en el que se estaban realizando algunos de los controles migratorios: lugares sin las mínimas condiciones de higiene ni con protocolos establecidos para registrar y respetar los derechos de los visitantes. El máximo agente del Ministerio Público declaró, en su momento, que, si la situación no se podía controlar, se debería pensar en el cierre del aeropuerto, para evitar graves problemas sanitarios.

 

Igual situación se presenta con las segundas medidas de contención tomadas por el Gobierno Nacional sobre el cierre de la frontera con Venezuela. En efecto, una medida drástica de cierre de fronteras con el vecino país, sin aparente planeación, llevó a los migrantes venezolanos a ingresar al país por el lado de las “trochas”, en medio del frío de la noche y de las aguas de los ríos que separan los dos países.

 

Imágenes dantescas han podido establecer que niños, ancianos y mujeres embarazadas toman ese peligroso riesgo de desconocer las medidas de contención en medio del hambre, el frío, la falta de aseo y la permanente humedad, lo que, en principio, favorecería aún más el contagio de un posible virus respiratorio. Es en estos momentos en donde muchos se preguntan si la medicina podría llegar a ser más grave que la enfermedad: los extranjeros que ingresan al país sin adecuados protocolos de sanidad ni efectivos registros migratorios podrían ser agentes reproductores de una enfermedad mortal que está diseminando una parte de la población mundial, generalmente la más vulnerable.

 

Por último, la tercera medida tomada por el Gobierno Nacional saca intempestivamente a más de cinco millones de niños de las escuelas públicas para dejarlos en sus lugares de residencia, sin antes tomar las medidas necesarias para remplazar su alimentación diaria, lo que para muchos de ellos representa la única comida completa del día. Nuevamente, las medidas tomadas podrían agravar la situación, si tenemos en cuenta que las enfermedades virales se propagan mucho más rápido en personas vulnerables, como los niños desnutridos o mal alimentados.

 

Evidentemente, las críticas le han llovido al Gobierno Nacional y las respuestas son más incoherentes que las medidas: (i) “Se controlarán en sus lugares de cuarentena las 9 mil personas diarias que llegarán al país”. Hasta el momento pueden contarse en esa situación más de 50.000 visitantes a nuestro país, muchos de ellos sin conocimiento del lugar donde residen. (ii) “Se evitará el paso de venezolanos por las fronteras autorizadas”. Las imágenes registradas por la televisión nacional muestran a miles de personas atravesando las fronteras no autorizadas, sin ningún control ni registro. (iii) “Se realizarán brigadas de personas que llevarán los alimentos a los niños en sus hogares”. En muchas ocasiones, estos alimentos no han llegado a los establecimientos escolares, como para pensar que las autoridades locales van a desplegar a un ejército de personas para llevar alimentación a lugares alejados de los centros principales de educación.

 

Con reconocida razón, el Procurador General de la Nación trata de contener con su poder disciplinario el enorme peligro que se cierne sobre nuestra población, por la improvisación e irresponsabilidad de algunas autoridades gubernamentales que han utilizado el Derecho como un mecanismo de contención, el cual, tomado a la ligera, sin planeación ni financiamiento, puede llegar a convertir la medicina en algo más grave que la misma enfermedad. Muchos funcionarios verán así comprometida su responsabilidad, si no logran corregir los graves errores cometidos en el manejo de esta gravísima situación.

 

Lo más preocupante de la situación es que si en Colombia las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no dan los resultados esperados el sistema de salud se verá gravemente amenazado. ¿Cómo vamos a contener una gran epidemia viral, si no contamos con la capacidad sanitaria instalada adecuada para atender a miles de personas infectadas? El número de camas hospitalarias disponibles en Colombia no alcanza las 80.000 para atender a una población que supera los 50 millones de habitantes (1,7 camas de hospital por cada 100.000 habitantes).

 

En realidad, la situación parece ser muy preocupante.

 

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