Academia
GLEDPI: una década al servicio del Derecho Penal Internacional
27 de Febrero de 2013
En la imagen aparecen los miembros del Grupo Latinoamericano sobre Estudios de Derecho Penal Internacional, durante su reciente visita a Bogotá.
Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el 1º de julio del 2002, el Derecho Penal Internacional (DPI) adquirió una relevancia mundial sin antecedentes. El nacimiento de un tribunal para juzgar los crímenes más graves cometidos contra la humanidad en diversas naciones del mundo marcó un hito en esa rama del Derecho.
En ese contexto, el Programa Estado de Derecho para América del Sur de la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen (Alemania) crearon, ese mismo año, el Grupo de Estudios sobre la Corte Penal Internacional.
El objetivo inicial era acompañar científicamente el proceso de implementación del Estatuto de Roma en el derecho nacional. Luego, al abordar todo el abanico de instituciones que comprometen esta área del Derecho, los debates se ampliaron a temas más generales sobre el DPI. Por esa razón, su nombre cambió al de Grupo Latinoamericano sobre Estudios de Derecho Penal Internacional (GLEDPI).
Recientemente, el GLEDPI cumplió 10 años de actividades. Los profesores Kai Ambos, de Alemania, y Ezequiel Malarino, de Argentina, son sus coordinadores académicos. Ambos destaca que no es común que exista un grupo académico con miembros de varios países del continente. “Si uno revisa, es raro encontrar en América Latina grupos transnacionales que representen a todos los países, desde México hasta Argentina”.
Discusión abierta
El GLEDPI tiene una dinámica de trabajo que ha mantenido durante toda la década. Los miembros se reúnen cada año en un país diferente, para debatir un tema definido con anterioridad. Allí se discuten, en grupo, los trabajos previamente redactados que, finalmente, se publican en un libro, al año siguiente.
De acuerdo con Alejandro Aponte Cardona, representante experto por Colombia, lo importante no solo es la composición del grupo, sino la manera de trabajar, pues siempre se debaten los trabajos de manera exhaustiva y, junto con una contraparte, se socializan en un evento público.
El año pasado, el encuentro se realizó en Colombia. La contraparte fue la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Uruguay, Brasil, México, Perú, Chile, Argentina y Bélgica también han sido sede de las discusiones del GLEDPI.
El primer libro que se produjo fue Persecución penal nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional comparada, en el 2003. Luego, se publicaron otros siete textos. Malarino, además se sentirse satisfecho con la producción científica, resalta que las publicaciones han tenido una gran repercusión en las prácticas judiciales de la región: “Hay cortes supremas de muchos países que han citado nuestros trabajos. Hemos tenido una gran difusión”.
Por otra parte, Ambos destaca que, en los foros anuales, participan jueces, fiscales, profesores y expertos en la materia, que discuten abiertamente los temas planteados. “Lo importante es que, además de trabajar la publicación internamente, buscamos expandir los debates hacia afuera”.
“El impacto de nuestro trabajo”, señala Aponte, “no solo es académico en el sentido tradicional, pues se convierte en un apoyo para los funcionarios que tienen la responsabilidad de aplicar normas complejas y de usar las fuentes internacionales de una manera más técnica. En el caso colombiano, muchos fiscales de las unidades de Justicia y Paz y de Derechos Humanos, jueces especializados y representantes de la Procuraduría, entre otros, han utilizado estos textos en su quehacer diario”.
Malarino resalta que, en los últimos años, “los objetivos planteados se concentran en temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y su importancia para el Derecho Penal y el Derecho Penal Procesal nacional”. De hecho, la reunión más reciente contó con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Para nosotros, es fundamental tener contacto directo con el órgano más importante de derechos humanos (DD HH) de América Latina”, afirma Malarino.
Interacción académica
Actualmente, el GLEDPI lo integran 13 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y tres europeos (Alemania, Italia y España).
La Fundación Konrad Adenauer sigue apoyando incondicionalmente esta iniciativa: “Consideramos que la academia tiene una responsabilidad fundamental en nutrir la realidad jurídica y política, con conocimiento y racionalidad. Además, no se debe reflexionar en un espacio aislado, pues su aporte debe ayudar a la toma de decisiones en la política y en los órganos judiciales”, señala Christian Steiner, coordinador institucional y jefe del Programa Estado de Derecho de la fundación, con sede en el país.
A partir de esta experiencia exitosa, recalca Steiner, la Konrad creó tres grupos similares que investigan temas como el pluralismo jurídico, el Derecho Constitucional y los derechos fundamentales y el Derecho Administrativo.
Pertenecer al grupo no es fácil. Desde su conformación, se previó un solo representante por país, salvo Brasil que, por su tamaño, tiene tres miembros, y Perú, que tiene un representante que apoya informes de otros países. “Aunque hemos recibido muchas solicitudes, no buscamos formar un grupo grande, por límites económicos y, además, porque la idea es que cada miembro multiplique en su país los debates que realizamos”, explica Ambos.
El GLEDPI interactúa permanentemente con organismos internacionales que trabajan estos temas. Por eso, mantiene una relación fluida con la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte IDH. Alejandro Kiss, magistrado auxiliar de la CPI, es uno de sus miembros. Así mismo, en el 2011, la reunión se realizó en Bruselas (Bélgica), y después visitaron la sede de la CPI, en La Haya (Países Bajos).
Por otro lado, han tenido contacto directo con la Corte IDH y se planea una reunión en la sede de ese organismo, ubicada en Costa Rica, para profundizar en el estudio del SIDH y la defensa de los DD HH en la región.
Luego de su última reunión en Bogotá, en octubre del 2012, el GLEDPI prepara una nueva publicación que saldrá pronto al mercado. Gracias al apoyo incondicional de la Fundación Konrad Adenauer y del compromiso de sus integrantes, los estudiosos del DPI seguirán fortaleciendo sus conocimientos con esta producción académica.
La producción académica
Durante una década, el Grupo Latinoamericano sobre Estudios de Derecho Penal Internacional ha publicado las siguientes obras:
Persecución penal nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional comparada.
Temas actuales del Derecho Penal Internacional.
Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Cooperación y asistencia judicial con la Corte Penal Internacional.
Jurisprudencia latinoamericana sobre Derecho Penal Internacional.
Justicia de transición.
Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y Derecho Penal Internacional. Tomo I.
Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y Derecho Penal Internacional. Tomo II.
Integrantes del grupo
Coordinador institucional: Christian Steiner (Fundación Konrad Adenauer Stiftung).
Coordinadora del Programa Estado de Derecho: Mariana Morales (Colombia).
Coordinadores académicos: Kai Ambos (Alemania) y Ezequiel Malarino (Argentina).
Asistente de coordinación: María Laura Böhm (Alemania-Argentina).
Representante de la Corte Penal Internacional: Alejandro Kiss (Holanda- Alemania).
Miembros europeos: Alicia Gil Gil (España) y Emanuela Fronza (Italia).
Miembros latinoamericanos: Daniel Pastor (Argentina); Elizabeth Santalla (Bolivia); Maria Thereza R. Assis, Fabíola Girão Monteconrado y Marcos Alexandre Coelho (Brasil); José Luis Guzmán (Chile); Alejandro Aponte (Colombia); Alfredo Chirino (Costa Rica); Ramiro García Falconí (Ecuador); Javier Dondé (México); César Alfonso Larangueria (Paraguay); Carlos Caro y Salvador Herencia (Perú); Jaime Martínez (El Salvador); Pablo Galain Palermo (Uruguay), y Juan Luis Modolell (Venezuela).
Opina, Comenta