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Turismo y Derecho en tiempos del coronavirus (covid-19)

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Turismo y Derecho en tiempos del coronavirus (covid-19) (Gettyimages)

arlos Mario Molina Betancur

Procurador Judicial 2 para asuntos administrativos

Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país, representando uno de los principales sectores que mueve la economía. En efecto, el sector registró un aumento considerable con la llegada de visitantes extranjeros al país del 150 % en los último ocho años, con más de 1.000 vuelos internacionales por semana, durante el 2019. Es decir, el número de turistas en el país pasó de 2,6 millones, en el 2010, a 6,5 millones, en el 2019. Entre el 2010 y el 2017, el ingreso de divisas por turismo creció el 68,2 %, mientras que la inversión en los hoteles en el país ha sido de 5,7 billones (2003 y 2017).

 

En el 2019, la inversión extranjera directa en comercio, hoteles y restaurantes durante el primer trimestre del 2018 fue de 297 millones de dólares, lo que representó para la nación 11.159 millones de dólares por este ingreso. En los últimos años, el monto de la inversión es de más de 565.000 millones de pesos, que se han distribuido en 166 proyectos, como centros de convenciones, puertos, embarcaderos, senderos turísticos y señalización. En el primer trimestre del 2018, la participación del turismo en el PIB fue del 6,9 %. Las ciudades capitales de Colombia que más han contribuido a este impulso son Bogotá, Cartagena, Medellín, Barranquilla, San Andrés, Pereira, Armenia y Leticia. Los turistas que más nos visitan provienen de EE UU, México, Italia, España y Alemania.

 

Educación en Derecho

 

A pesar del dinamismo del sector, las medidas jurídicas de emergencia económica, que pretenden contener la pandemia que produjo el coronavirus (covid-19) amenazan considerablemente muchas actividades turísticas, afectando de forma colateral otros sectores, como el de la salud y el intercambio internacional de estudiantes y profesores de todas las disciplinas, entre ellas las que dominan las facultades de Derecho. Lo anterior es importante, por cuanto el turismo académico es uno de los sectores que se ha convertido en la columna vertebral de la economía mundial, pues mueve mucho la contratación tanto de personal calificado como no calificado. Es, según el presidente de la República, Iván Duque, “el nuevo petróleo colombiano”.

 

En efecto, en tiempos de coronavirus, medianas y pequeñas industrias, asociaciones e instituciones académicas sin ánimo de lucro lanzan un SOS al Gobierno Nacional por la profunda crisis de empleo que está produciendo el cierre de agencias de turismo, universidades, hospitales, hoteles, parques nacionales, centros turísticos y aeropuertos del país.

 

A esto se suma el gran volumen de cancelaciones de reserva de vuelos y hoteles, cursos académicos, conferencias, congresos, seminarios, investigaciones y proyectos de investigación, al menos para los próximos seis meses, lo que desestabiliza las inversiones y la planeación de todo el presupuesto anual de muchos sectores. Pero lo que está realmente en juego es la pérdida de millones de empleos, que, por su fragilidad y movilidad, difícilmente podrían recuperarse en el corto y mediano plazo. En ese sentido, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que, por lo menos, 75 millones de empleos en el sector turismo y sus asociados están en riego de perderse, de estos una tercera parte impacta considerablemente a la academia.

 

Movilidad académica y profesional

 

Lo anterior no es una preocupación de poca monta, puesto que la economía mundial se sostiene actualmente gracias a las relaciones de movilidad profesional que influye en grandes inversiones en materia hotelera, hospitalaria, alimentaria, de transporte, académica y de recreación. De estas inversiones depende, en gran medida, el funcionamiento de miles de pequeños y medianos empresarios organizados en empresas familiares, micro, pequeñas y medianas, que no cuentan con una solvencia mínima para mantener el pago de salarios, obligaciones bancarias, tributarias y fiscales por varios meses sin recibir el más mínimo ingreso.

 

Estos gremios consideran que están soportando el gran peso de la crisis del covid-19, dado que sobre los pequeños y medianos empresarios cae una gran deuda social. De antemano, se sabe que son ellos los que se organizan legalmente, pagando impuestos y tributando con nóminas legalizadas, además de atender una parte de la población mundial que busca recreación y salud mental.

Por ello, con sentida razón, los gremios asociados del turismo en Colombia, entre los que figuran, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), unidos a la Asociación de Universidades (Ascun), los abogados litigantes, los hospitales y centros de salud, le han manifestado al presidente Duque la imposibilidad de mantener los empleos de millones de personas que trabajan en el sector, pidiendo una rápida ayuda de emergencia antes de que todo se derrumbe.

 

Posibles soluciones

 

Al respecto, se han planteado en Colombia algunas soluciones, tales como la propuesta hecha por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que Bancóldex cree una línea de crédito denominada “Colombia Responde”, que cuenta con un cupo de 250.000 millones de pesos y pretende aliviar el flujo de caja de las empresas de turismo. Los empresarios turísticos reconocen que una salida es poder endeudarse con créditos rápidos de tasas favorables, pero lo que necesitan con urgencia son subsidios que les permitan mover el flujo de caja de manera urgente, porque muchos de los empresarios son pequeñas o medianas empresas, algunas familiares que no reunirán la condiciones que exigen las entidades crediticias.

 

Así mismo, los empresarios piden que les devuelvan los parafiscales que ellos mismos aportan al Fondo Nacional de Turismo (Fontur), el cual es alimentado por las cotizaciones de los empresarios del turismo. No obstante, existe un gran obstáculo en esta solicitud, puesto que, según el destino de estos recursos, no se pueden utilizar para emergencias económicas, sino para otros menesteres: “los recursos recaudados por Fontur se destinan a la ejecución de proyectos de infraestructura, competitividad, promoción y mercadeo, con el fin de incrementar el turismo interno y receptivo, de acuerdo con la Política de Turismo que establezca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. Una solución sería cambiar el destino de estos recursos bajo el amparo de los decretos de emergencia económica, como se hizo con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), los cuales fueron utilizados para prestarles dinero a los empresarios.

 

Otras soluciones propuestas por los gremios involucrados son que sus servicios queden exentos del pago de IVA, así como  el congelamiento del predial durante seis meses. A la fecha, el proyecto ya cuenta con el respaldo de varios congresistas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, quienes piden que el Gobierno Nacional emita un decreto de emergencia, beneficiando a los más afectados. Lo anterior podría estar acompañado de otras medidas, tales como la solicitud a la Dian para la devolución del IVA.

 

Estas y otras medidas pueden ayudar a salvar a una gran parte de las actividades ligadas al sector turismo, sobre todo las que este Gobierno ha denominado “economía naranja: cultura, recreación e innovación”, que no podrán evitar el cierre de muchos establecimientos, así como el despido de millones de empleados. Del mismo modo, todas estas posibles soluciones aplican para las universidades e instituciones y corporaciones de educación superior del país, que necesitarán de un gran apoyo del Estado para afrontar las graves consecuencias que tendrá el sector académico por las medidas gubernamentales de confinamiento. El futuro de la formación de alto nivel de los profesionales de nuestro país está en alto riesgo.

 

Facultades de Derecho

 

En lo que respecta a las facultades de Derecho, son los futuros abogados que van a defender los derechos de los colombianos los que se encuentran en riesgo de poder culminar sus estudios por falta de dinero para el pago de sus matrículas. De igual manera, los abogados litigantes se encuentran en una grave situación de supervivencia por el cierre de la justicia, su principal fuente de ingreso económico. Todos los intercambios académicos y científicos están amenazados por el cierre obligatorio de los centros educativos y de investigación. De otro lado, el arribo de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros está paralizado, por el cierre de aeropuertos y la parálisis en la expedición de visas de estudio, de investigación o de trabajo académico.

 

Es en estos momentos cuando se debe comenzar a pensar en la implementación en nuestro país de una verdadera política pública en materia de turismo, que englobe todos los sectores afines: salud, educación, cultura, recreación, innovación y esparcimiento social. Así, se podría concebir un fondo de financiamiento para el sector turístico, hospitales, universidades y centros de investigación en épocas de crisis, que pueda ser desembolsado rápidamente por aquellos que lo alimentan, sin mayores trabas ni tramitologías, para que, de una vez por todas, una de las economías más dinámicas e importantes de la industria colombiana no se vuelva a ver en tan penoso aprieto con riegos de extinción.

 

* Sección patrocinada. Las opiniones aquí contenidas son responsabilidad exclusiva de Acofade

 

 

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