Reforma a la justicia y formación jurídica (I)

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador judicial 2 para la conciliación administrativa

 

El último informe mundial de confianza y transparencia en la justicia 2016 nos deja muy mal ubicados frente a nuestros colegas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde): Colombia ocupa el antepenúltimo puesto, con 25 puntos de los 37 encuestados. Llama la atención que Italia esté por debajo con 24 puntos y Chile de último lugar con 11 puntos. Sin embargo, es preocupante la imagen de nuestra justicia en el mundo, cuando poseemos uno de los sistemas de justicia más independientes, tradicionales y mejor remunerados del continente.

 

En Colombia, estudios recientes realizados por el Ministerio de Justicia y la Corporación Excelencia en la Justicia señalan al sistema judicial de corrupto, ineficiente y paquidérmico en la prestación de sus servicios. De estos estudios se desprende que 4 de cada 10 colombianos consideran que el sistema judicial del país es corrupto, y que 7 de cada 10 colombianos no tienen confianza en los jueces.

 

Estas cifras podrían explicar por qué el 51,9 % de los ciudadanos manifiestan no hacer nada después de presentarse un conflicto o desacuerdo con otros ciudadanos, considerando que es inútil acudir a un aparato judicial lento, muy lento y sin resultados efectivos para sus demandas. Muchos de estos encuestados (28 %) manifiestan no tener interés en conocer cuáles son sus derechos, por considerar que estos solo están escritos en el papel y de nada sirve solicitar su aplicación.

 

Lo anterior concuerda con las estadísticas del Dane 2016, que arroja el impactante resultado de insatisfacción de los ciudadanos en sus demandas ante la justica: el 60 % de ellos afirmó que su problema nunca se resolvió. De estos, al menos dos millones de colombianos siguen esperando que la justicia actúe de manera pronta y eficaz frente a sus reclamos. Esto es preocupante, por cuanto los ciudadanos comienzan a acudir a otros mecanismos de solución de sus conflictos, unos de carácter legal y privado, otros abiertamente ilegal, pero mucho más eficaces para resolver sus diferencias. Esto podría ser el comienzo del anarquismo y la puerta abierta para que el populismo se apodere de nuestro país.

 

Después de leer y analizar el anterior panorama que ofrece la justicia del país, podemos inferir que su situación es altamente preocupante. Se deduce, entonces, que hay mucho por hacer, lo que amerita emprender una reforma integral que le devuelva la confianza del ciudadano a la justicia.

 

En ese sentido, el pasado 31 de agosto, unas semanas antes de conocerse el proyecto del gobierno sobre la reforma a la justicia, en el auditorio Hall 74, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se llevó a cabo otro de los encuentros que ha promovido el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, con representantes la academia jurídica del país: la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), los colegios de abogados representados en la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y algunos bufetes de abogados, sobre el tema de la reforma a la justicia. En esta ocasión el tema de discusión fue la reforma a la justicia y formación jurídica.

 

Estadísticas alarmantes

 

El primer panel, denominado formación de los abogados para mejorar la justicia, comenzó con unas interesantes estadísticas de corrupción en Colombia, presentados por Mauricio Michel Molano Currea, delegado 6 de la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo de Estado. En ellas, se refleja la grave situación de desprestigio e imagen de nuestro país en el mundo. Ampliando estas estadísticas, ya conocidas por todos, tenemos: puesto 96, entre 186 países analizados por Transparencia Internacional; puesto 36, de los 37 miembros de la Ocde, y 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar de la Ocde es de 65.

 

Los resultados no pueden ser otros: 679 funcionarios sancionados por corrupción, malos manejos púbicos o por inhabilidades o incompatibilidades con el cargo público. De estos, 443 son alcaldes, es decir, casi la mitad de los municipios de nuestro país. Las sanciones vienen de todos lados: 337 fueron sancionados por la Corte Suprema de Justicia, 161 por la Procuraduría General de la Nación, 128 por la Contraloría General de la República, 32 por el Consejo de Estado y 21 por tribunales judiciales.

 

Estas estadísticas todavía no reflejan el número importante de jueces y magistrados arrestados o sancionados por corrupción: en lo que va del año 2018, más de 60 funcionarios de la Fiscalía General y 34 de la Rama Judicial han sido procesados por cargos de corrupción. En el 2016, la Fiscalía comenzó el juicio de tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, investigados por el llamado “cartel de la toga”.

 

Por primera vez en la historia reciente del país, la justicia está tocando a magistrados seccionales, fiscales, jueces y otros operadores del sistema, quienes por años habían sido eximidos de sospecha, pese a los continuos cuestionamientos. En estas estadísticas, tampoco se cuenta el alto número de abogados litigantes sancionados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En este sentido, y solo refiriéndonos a los abogados litigantes, el año pasado fueron excluidos de la profesión 48, el número más alto desde 1992. Es decir, un promedio de 4 excluidos por mes. Y si bien es una cifra menor frente al número de abogados registrados ante el Consejo Superior de la Judicatura (285.983), es importante resaltar que, de acuerdo con las estadísticas anuales, la tendencia en materia de comportamientos ilegales castigados va en aumento.

 

En efecto, un consolidado de las decisiones del Consejo Superior indica que la sanción más impuesta a los abogados en el último cuarto de siglo es la suspensión, con 9.887 casos; seguida de la censura, con 7.419; la exclusión, de 480 abogados; la amonestación, con 320, y la multa, con 89. Pasamos de 4 abogados sancionados en promedio en 1992, a 107, en el 2016. Con picos importantes en ciertos años, como el del 2010, en donde fueron sancionados 265 abogados, por el mal ejercicio de la profesión: 1.490 de sanciones en total para ese año.

 

En 25 años de existencia del Consejo Superior, se han sancionado 18.195 litigantes, de los cuales 480 se han excluido de la profesión. Pasamos de 135 abogados sancionados en 1992 a 1.122, en el 2016. Lo anterior es un aumento de 1.000 % en 25 años, un promedio de 1.000 en los últimos 3 años. En conclusión de este experto, la cifra es alarmante, por lo cual debemos recuperar la dignidad de la función pública y la justicia.

 

La preparación ética

 

En segundo lugar, Fernando Velásquez, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, brindó una cátedra sobre la formación ética de los abogados, quienes también necesitan de una buena preparación sobre la historia, la sociedad, la economía y las tecnologías de la información y la comunicación. Pero el experto enfatiza que debe ser una formación crítica, para el ejercicio profesional. Por eso, se requieren verdaderos abogados que le sirvan a la profesión y comprometidos por la paz. También hay que formar en tolerancia, en hermenéutica, no exegetas. Por ello, para Velásquez, es imperativo cambiar los planes de estudio.

 

De otro lado, Mauricio Reyes Posada, también profesor de la Universidad Sergio Arboleda, ofreció un repaso de historia por las enseñanzas de Platón. Según esta, antes de reformar el Estado, hay que reformar a los ciudadanos. Se debe volver a la formación humanista, con ética y valores y revisar lo que se enseña en las facultades de garaje. Ética es una formación en acción. Por ello, hay que volver a la enseñanza socrática, concluyó.

 

Por su parte, el decano de la Escuela de Derecho de la misma institución, Leonardo Espinosa, considera que se debe retornar al concepto de ley y norma. Por poner un ejemplo, hay aproximadamente 47.000 referentes de Derecho que deben manejar los abogados. Hay que regresar a la seguridad jurídica, fortalecer el sistema del precedente, ir hacia un derecho preventivo y evitar tanto litigio.

 

En su intervención, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró que se inicia un periodo de diálogo nacional con todas las fuerzas políticas del país. La procuraduría está buscando este consenso con toda la comunidad académica. Se destacan cuatro reflexiones: (i) rendición de cuentas y gobernabilidad de la Rama Judicial. (ii) la ética aplicada al sector justicia (400 abogados por cada 100.000 habitantes y 11 jueces por cada 100.000 habitantes, es una cifra muy baja). (iii) Volver al mérito (concursos de ingreso a la magistratura, colegios de abogados y tribunales de ética) y (iv) incrementar la tecnología en la Rama Judicial. La Procuraduría trabaja sobre esos aspectos, a fin de hacer propuestas de reforma en consenso con las altas cortes, las facultades de Derecho, las firmas de abogados y los colegios de abogados.

 

En conclusión, de este primer panel, se acordó: (i) que hace falta más preparación profesional, (ii) que existe una gran debilidad en la formación ética de los abogados, (iii) que se necesita un mayor poder sancionatorio en el ejercido de la profesión, (iv) que se necesita más control por parte de un tribunal de ética, manejado por los colegios o las Facultades de Derecho, y (v) que se deben reformar los planes de estudio en las facultades de Derecho.