Reforma a la justicia: reflexiones del Procurador ante la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Carlos Mario Molina Betancur

Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público

Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

El pasado 18 de julio, en sesión extraordinaria de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, continuó las conversaciones que viene adelantando desde hace un año con la academia jurídica en varias ciudades del país sobre el tema de la reforma a la justicia. En esta ocasión, el Procurador General quiso plantear algunas líneas de reforma, en presencia del abogado Francisco Barbosa, miembro del equipo de empalme del presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el fin de tender puentes con el Gobierno en la construcción de un consenso con la academia y las instituciones del Estado, como camino idóneo sobre la reforma.

En esta ocasión, la idea del procurador Flórez es concretar un documento integrador de todas las iniciativas que se han venido discutiendo con las facultades de Derecho en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, y someterlas a discusión en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con la idea de buscar ese gran acuerdo con la comunidad jurídica, para luego llevarlo al Congreso de la República. La idea entonces es retomar lo que hasta ahora se ha venido haciendo en materia de discusión con las facultades de Derecho, en donde ya se ha acordado como premisa mayor de toda esta reflexión que no solo será la discusión sobre la crisis de legitimidad y de confianza en la justicia, sino de su administración. Por lo tanto, debe darse el marco general de cómo recuperar esa legitimidad y esa confianza.

Para el jefe del Ministerio Público, debemos ser audaces en términos de lo que supone crear unos mecanismos de responsabilidad en el ejercicio de la función judicial con transparencia, sobre todo, para el caso de las actuaciones de los magistrados y, por supuesto, todo eso sujeto a la garantía siempre permanente de su independencia. Por ello, la capacidad de establecer responsabilidades y de responder de manera eficaz a este importante reto es, precisamente, lo que refuerza la independencia y la autonomía del poder judicial.

Cinco variables

En este sentido, serían cinco las variables sobre las cuales se deberían generar consensos para construir una adecuada reforma. En primer lugar, una necesaria modernización de los procesos de legitimación del ejercicio de la acción pública a los poderes judiciales, o a lo que se llama, en un espectro más amplio, el sector justicia con los órganos de fiscalización y control.

En este momento, la Procuraduría General, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, está haciendo avances en la materia, así como la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, pero, al momento de las reformas de modernización, se encuentran siempre con un muro a la hora de avanzar, por temas de reserva y cultura institucional. Por ello, valdría la pena pensar en todas las herramientas de gestión e información para poder modernizar y dejar en la historia el eterno descalabro en el tema de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la administración de la justicia. 

En la tensión maximalista de cambiar todo por la vía de la reforma constitucional, diferente a modificar lo mínimo por la vía de los reglamentos y las decisiones, se presenta un camino intermedio, donde hay de lo uno y de lo otro, según se aborde cada asunto. Por ejemplo, sobre la necesidad de la reforma constitucional para reformar las facultades electorales de las altas cortes, parece que ya hay un gran consenso en el país. Por el contrario, los temas permanentes y agobiantes del ejercicio de la ética pública y de la ética de lo público en la administración de justicia no necesitarían de ese tipo de reformas, sino de cambios en el funcionamiento ordinario de las corporaciones judiciales. 

Gobernabilidad y descentralización

De acuerdo con el Jefe del Ministerio Público, el segundo tema en donde se debe buscar un consenso de reforma con la academia es el de la gobernabilidad de la Rama Judicial, asunto de gran importancia no solo por lo que se conoce hoy como gobernanza corporativa, es decir el cumplimiento de estándares y normas de eficiencia, sino por la necesidad de alinear en la misma dirección a todos los actores del sistema, con el objeto de incorporar asuntos de gerencia pública como elementos de la doctrina de la administración pública.

En este sentido, la “caída a pedazos” de la reforma del Equilibrio de Poderes y la gran incertidumbre que se tiene en este momento respecto de lo que va a pasar con la Comisión de Disciplina Judicial y con una Sala del Consejo Superior de la Judicatura, ameritan que se llegue a un gran acuerdo de reforma para beneficio de todo el sector justicia. Necesitamos un organismo transparente y fuerte que administre el que debe ser un nuevo e importante número de jueces por cada 100.000 habitantes en Colombia, el cual se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.

Un tercer elemento de discusión para el consenso de reforma, que le parece fundamental al Procurador General, es la descentralización del ejercicio de la función judicial, porque, según este funcionario, el país continúa con un poder judicial absolutamente “bogotanizado” y centralizado, con un gran déficit de la administración a nivel de la regiones, lo que nunca ha servido como argumento fuerte para hacer una buena reforma en materia de descentralización de la justicia, a pesar de lo que hemos vivido en muchas zonas del territorio nacional en donde los grupos armados impusieron los sistemas de justicia durante cinco décadas.

Rendición de cuentas

En cuarto lugar, el Procurador considera que el ejercicio de la función de justicia debe hacerse con responsabilidad. En ese sentido, señala que los concejos de rendición de cuentas han sido esquivos a los procesos disciplinarios y también han sido muy complejos en materia de control. Encontrar la información de las acciones disciplinarias contra los jueces ha sido una tarea absolutamente imposible y a la conclusión a la que se ha llegado es que la información no existía o estaba tan bien guardada que nunca se pudo encontrar.

Seguimos atrasados en estándares a nivel internacional en materia de investigaciones disciplinarias y de los actos tanto a nivel de responsabilidad penal y disciplinaria de los jueces. Los escándalos en el sector como el del “cartel de la toga” y todo lo que ya conoce la opinión pública son elementos de reflexión que se deberán tener en cuenta al momento de proponer cambios en la manera de controlar adecuadamente la actividad judicial.

Por último, en términos de los grandes pactos, consensos y alianzas que necesita Colombia de aquí en adelante, no se debería dejar de lado la inestabilidad que ha generado esta transición normativa por cuenta del posconflicto, porque todos los focos de la justicia están centrados en la Jurisdicción Especial para la Paz, con lo que se distrajo la atención en otros asuntos, olvidando que el foco lo deben tener, precisamente, los temas de la justicia básica y territorial. Todos los temas de acceso y de regulación, así como los relacionados con la cultura de la legalidad, pautas claras en el programa del presidente Duque, como la lucha contra la impunidad, la necesidad de avanzar en los controles sociales y de tener esa dimensión social de la reforma de la justicia y claridad en la lucha contra la desigualdad, son los que se deben discutir conjuntamente para incluirlos en la gran reforma a la justicia.

Hay otros elementos que no pueden ser ajenos a esta discusión, los cuales requieren cambios en la estructura jurídica, relacionados con la posibilidad de afectar, incluso, la actividad corporativa. En ese sentido, la Procuraduría General ha hecho algunos ejercicios a lo largo y ancho de todo el país, con el director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Carlos Mario Molina, junto con la Federación de Colegios Abogados, los colectivos de jueces y con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), para consolidar una buena propuesta de discusión que hoy continuamos con la Academia Colombiana de Jurisprudencia.