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Nuevas reflexiones sobre la ética y el poder judicial

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Nuevas reflexiones sobre la ética y el poder judicial (Bigstock)

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador Judicial II para asuntos administrativos

Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

El pasado 8 de abril, en la Universidad de los Andes se llevó a cabo el quinto conversatorio entre el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y la comunidad jurídica. En esta ocasión, el tema escogido fue la ética y el poder judicial, complementando así las reflexiones que se vienen adelantando desde el 2018 en todo el país, en torno a una eventual reforma a la justicia, la cual parece retomar actualidad con la reciente posesión de Margarita Cabello Blanco como Ministra de Justicia.

 

Con ponencia inicial de Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, se abrió el debate sobre lo que ella considera el tema más importante que debe abordar una eventual reforma a la justicia: la ética. Según la experta, no podemos seguir teniendo sospechas sobre una rama del Poder Público que le ha brindado a Colombia seguridad y paz social durante siglos. Para esta decana, el juez no debe ser, sino también parecer, por lo que debe mostrar comportamientos éticos, tanto en sus sentencias como en su vida personal y social. En su opinión, hay una profunda crisis de los valores democráticos, como el de la justicia, uno de los más importantes, que debemos recuperar. Por ello, hay que volver a hablar de ética judicial en las facultades de Derecho. De allí surge el programa de formación judicial que se pretende ofertar en la Universidad de los Andes, con el apoyo de importantes entidades del sector justicia.

 

En segundo lugar, Fernando Sarmiento, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, considera que nuestro país atraviesa por un periodo de confusión institucional, en donde la ética se convierte en el único regulador social que puede sacar a Colombia de la crisis de valores en la que nos encontramos. Para este experto, no hay justicia sin derecho ni derecho sin justicia. De allí su propuesta para que todos los jueces de la República tengan, al menos, un título profesional de maestría que los acredite como expertos en temas jurídicos.

 

Por su parte, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, expuso varias preguntas de reflexión para que la ética vuelva a ser el centro del ejercicio del Derecho, por cuanto esta no solamente contiene el Derecho, sino que lo rebasa y domina. Según el máximo representante del Ministerio Público, hay que pensar en el tribunal de ética, así como en un Código de Ética, que sirvan de canalizadores para la regulación del ejercicio profesional de la Abogacía y el adecuado actuar de la actividad judicial. “Es esencial que fortalezcamos la justicia desde la ética, si queremos fortalecer la democracia, como fue el ideal del constituyente de 1991, puesto que ‘sin ética el país se nos derrumba”.

 

Estos importantes planteamientos sirvieron de parámetros para organizar el debate con los expertos en dos grandes módulos.

 

Ética judicial y formación ética de los operadores judiciales

 

En este primer panel, se discutieron estos postulados rectores de ética judicial. Así, surgieron los siguientes interrogantes: ¿Deberíamos normativizar los principios éticos que orientan la función judicial? ¿Cuáles son las virtudes y debilidades de trasladar principios éticos a normas jurídicas? ¿Qué ajustes podrían fortalecer la aplicación del Código General Disciplinario? De la amplia disertación, quedó claro que se necesitan más y mejores programas para fortalecer la formación ética de los jueces de nuestro país. Se deben ampliar las leyes 270 de 1996 y 1123 del 2017 y actualizar el viejo Estatuto del Abogado, que data de 1971. De estas respuestas surge el consenso sobre la propuesta del Procurador de adoptar el Código de Ética Judicial para Iberoamérica.

 

Y de estas reflexiones nacieron otras preguntas: ¿Es posible enseñar ética a nuestros operadores judiciales? ¿Cómo podemos desarrollar las competencias éticas de los funcionarios judiciales? ¿Mediante qué talleres de formación se debe volver a practicar la ética?

 

Las respuestas fueron múltiples, pero quedó claro que la oferta de programas en formación, como la de la Universidad de los Andes, y el fortalecimiento de cursos de preparación para jueces y abogados, como los que promueven la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Corporación Excelencia en la Justicia y la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, son el camino más adecuado para lograr que los operadores jurídicos vuelvan a ser conscientes de la importancia que tiene la ética en el Derecho.

 

Ética judicial en acción

 

Una vez se debatió sobre la formación ética, se evaluaron los mejores mecanismos de control para garantizar una adecuada ética judicial. De allí surgieron interesantes preguntas: ¿Cuáles son las virtudes y defectos de la Comisión de Disciplina Judicial? ¿Qué ajustes podrían fortalecer su funcionamiento e independencia? ¿Cómo debería ser un mecanismo disciplinario para los altos magistrados? ¿Qué virtudes y debilidades tendría la creación de un tribunal de aforados? ¿Cómo debería ser su integración? ¿Cuáles deberían ser sus características y funciones? ¿Cómo crear más y mejores mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio del Derecho?

 

De los importantes aportes surgen puntos de acuerdo, como la necesidad de volver a los principios de mérito, de capacidad y de reconocimiento del talento humano para que los mejores designados en el Poder Judicial. Para ello, la modernización tecnológica del sistema judicial es posible. Se han invertido miles de millones de pesos, incluso de la cooperación internacional, tratando de modernizar el sistema de justicia, pero ¿por qué no hemos sido capaces? La respuesta es simple: porque no hemos dado ese paso en materia cultural, que va desde el primero hasta el último año de Derecho y que tiene que ver con la implementación del sistema oral, acompañado por la modernización tecnológica.

 

Hubo consenso en otros temas, como el de la necesidad de eliminar las funciones electorales de jueces de tribunales de las altas cortes, debate que deben hacer los implicados y el Gobierno. El Consejo de Estado presentó un proyecto de reforma constitucional que lamentablemente fue archivado, pero parece que hay un consenso en las altas cortes para presentarlo en esa dirección.

 

En conclusión, debemos reflexionar sobre la eficiencia de la justicia. Algunos hablan sobre la escasez de jueces en muchos distritos del país. Sin embargo, debemos hacer un balance general y priorizar las regiones más despobladas y más conflictivas del país, para reorganizar el personal judicial. Colombia tiene 4.861 jueces, es decir, 11 por cada 100.000 habitantes, como en EE UU, pero la eficiencia de la justicia no es la misma. Debemos reorganizar la justicia y avanzar en temas como las casas de justicia y los jueces de paz, así como en una adecuada reforma a los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

 

De allí la importancia de iniciar un cambio cultural, que esté basado en el cumplimiento de la ley, en la imposición de la cultura de la legalidad, del respeto y la fe en las instituciones. Este cambio será posible fortaleciendo el sistema judicial para volverle a dar el importante el rol que le corresponde en la historia. Así mismo, una formación judicial más rigurosa y actualizada, con las tendencias del mundo moderno, como la virtualidad y la oralidad; una rapidez más sentida en la justicia; una transparencia más tangible en las actuaciones de los jueces y una legalidad sin reproche en toda la actividad de los operadores judiciales son algunos de los cambios que quedaron consignados como propuestas en el importante encuentro del Procurador Fernando Carrillo y la Academia Jurídica en la Universidad de los Andes. Sus resultados son los que espera toda la sociedad colombiana que clama por una pronta reforma a la justicia.

 

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