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Los retos en la formación de los abogados del futuro

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Los retos en la formación de los abogados del futuro (Bigstock)

Gloria Quiceno

Decana de la Facultad de Derecho

Universidad La Gran Colombia

 

¿Cómo responder a las expectativas cada vez más exigentes de los estudiantes de Derecho en el país? Actualmente, en Colombia, se calcula que se están formando más de un millón de jóvenes en esta profesión. Sin embargo, ¿la academia está preparada para asumir el reto de graduar juristas éticos y capaces de mezclar sus conocimientos teóricos con el manejo de las nuevas tecnologías?

No hay duda de que estamos ante una nueva era marcada por una revolución tecnológica en todos los ámbitos de las ciencias sociales –no solo en el Derecho– que implica una mayor interconectividad en un mundo cada día más globalizado. 

 

El surgimiento de estas nuevas tecnologías está ocupando un papel preponderante en la profesionalización del abogado “digital” en la sociedad de la información o del conocimiento en la que la innovación es la protagonista. No se escapa el escenario empresarial, social, económico, jurídico, político y menos el académico. Así que hoy, si el deseo de un jurista es posicionarse en el mercado, es esencial que tenga un adecuado manejo y conocimiento de estas herramientas.

 

Ante este panorama, no se puede visionar un programa de Derecho para formar a los abogados del futuro que no cuente con cursos relacionados con temas como blockchain o smart contracts (contratos inteligentes). También, es clave ver contenidos asociados al marco jurídico de los servicios de la sociedad de la información, aspectos legales del comercio electrónico, el derecho a la privacidad, la propiedad intelectual e industrial y los delitos cibernéticos (ciberdelitos).

 

Inteligencia artificial

 

Ambos temas, el de las nuevas tecnologías y la innovación, además, están contextualizados en el ámbito de otro concepto que ha venido ganando terreno y es la llamada Inteligencia Artificial (AI), que en otras latitudes como en España ha sido aplicada al Derecho como herramienta de apoyo y complemento con el propósito de coadyuvar a resolver problemas legales o casos jurídicos, que abarcan la organización de las bases de datos y facilitan las consultas de las leyes y la jurisprudencia, entre otros.

 

Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la AI generará en la formación del abogado del futuro importantes impactos en el mundo jurídico, particularmente en la innovación de la profesión. Según la UNAM, “el empuje de la inteligencia artificial obliga a buscar nichos nuevos de oportunidades para hacer las cosas diferentes, y en este sentido el abogado se vuelve preventivo y no reactivo”.

 

Así las cosas, la aplicación de las nuevas tecnologías se vuelve vital en el proceso de toma de decisiones jurídicas para apoyar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que eleven la calidad de las decisiones. Un recurso que, contrario a lo que piensan muchos abogados de antaño, no está afectando superficialmente a la profesión, al contrario, la está impactando directamente en su corazón. Ante esta nueva realidad, los juristas, sí o sí, debemos construir un nuevo discurso, distinto al rechazo por la tecnología.  

 

Bajo esta coyuntura, también tenemos que repensarnos cómo estamos ejerciendo el Derecho, especialmente por el impacto que en la profesión viene teniendo la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías, cambios que, en la educación, han planteado desafíos auténticos en los contenidos programáticos.

 

Esta nueva forma de entender la profesión nos permitirá estar en mejores condiciones para adquirir destrezas y habilidades técnicas y jurídicas que nos facilite dar respuestas idóneas a los clientes o usuarios de la administración de justicia.

 

En otras palabras, si hay intercambio de mayores cantidades de datos, estamos ante una mejor comunicación; si se trata de entendimiento y conocimiento, esto lleva a mejorar la cooperación social, y si hablamos de desarrollo humano, es claro que se propicia el respeto por los derechos humanos, las libertades públicas y las garantías civiles donde las partes del proceso saben cuáles son las reglas del juego de cada cual.

 

Es a partir de estas premisas que se puede concluir que la innovación, la investigación y la proyección social son temas entrelazados que favorecen los procesos de enseñanza–aprendizaje al facilitar el intercambio académico profesor–estudiantes. Igualmente, al estar mejor formados los estudiantes, estos tendrán más oportunidades laborales y se aportará una mano de obra más calificada de abogados al sector productivo del país, desde litigantes, abogados defensores, jueces, funcionarios de la Rama Judicial, asesores o consultores.

 

El compromiso de la academia 

 

Algunas de las principales universidades del país que, además, cuentan con las facultades de Derecho más importantes de Colombia, están sumando a sus clases de cátedra los recursos de las nuevas tecnologías y la innovación, y también están desarrollando apuestas, para muchos teóricos arriesgadas, en el camino hacia la transformación académica con la que se pretende formar a los abogados, capaces de construir una nueva nación.   

 

Otros aspectos que se han modificado recientemente para atender las necesidades que en formación hoy tienen estos estudiantes se relacionan con cinco ejes estratégicos, entre los cuales sobresalen (i) la innovación, (ii) la internacionalización, (iii) la investigación, (iv) la proyección social y (v) la sostenibilidad. Con este trabajo, se pretende promover una cultura de innovación, de creatividad y de evolución como punto de partida para mantener la vigencia de las carreras de Derecho.

 

Igualmente, cada día son más notorios los cambios que ha generado la trasformación digital en los procesos académicos y administrativos en el contexto de las universidades. De hecho, varios reconocidos rectores de distintas instituciones de educación superior del país han comentado en varios congresos académicos, a través de ponencias y conferencias, que ante los grandes retos que confronta la educación superior a nivel mundial, la formación de los profesionales en Derecho tiene que repensarse y evolucionar para ser punto de partida en la promoción de la innovación, la investigación y la internacionalización.

 

De igual modo, han afirmado que, frente al quehacer de las universidades y sus facultades de Derecho, estas deben proyectarse como escenarios para la formación de una mejor ciudadanía, como aliadas del Estado, pero especialmente de las empresas y de las fuerzas productivas, siempre evitando quedarse en la quietud que otrora imperaba.

 

Es así como los decanos de estas unidades académicas debemos considerar el tema de la innovación y las nuevas tecnologías como las principales herramientas o recursos para mejorar y actualizar los pensum de los programas de pregrado. Así mismo, es claro que no se puede desligar de estos cambios, como lo ha expresado en varios escenarios el Ministerio de Educación Nacional, la calidad técnica y ética con la cual se deben seguir formando los abogados del país.

 

Como decanos de las facultades de Derecho –no solo hablo por mí, sino también por mis colegas–, compartimos el concepto de calidad como el conjunto de atributos articulados, interdependientes y dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales.

 

Somos de la opinión de que hay que hacer modificaciones a estos programas -como en estas líneas se ha propuesto-, que además deben responder a los planes de estudios con el fin de cubrir las necesidades y demandas de los estudiantes y de la misma sociedad en materia de justicia. Pero, sin duda, el aspecto determinante en este tipo de currículos no son exclusivamente las materias que comprenden los ejes temáticos del Derecho, sino la posibilidad de que el programa permita dar flexibilidad para estar siempre actualizado y ajustado a las cambiantes realidades y tendencias de esta disciplina.

 

También es pertinente propiciar reformas que estén a tono con las exigencias comunitarias en el campo de la administración de justicia. No creemos justo que estos inconvenientes estén radicados exclusivamente en las facultades; este sería un aspecto simplemente tangencial. Hay muchos otros factores determinantes de orden social, político, económico y sociológico que gravitan en este análisis que debe ser compresivo para no dejar de lado aspectos esenciales.

 

Al rescate de la ética profesional

 

Otro desafío que tenemos quienes estamos al frente de las facultades de Derecho o de Jurisprudencia es, sin duda alguna, el tema de la ética del profesional que estamos promocionando en las universidades. Este es un debate actual que la sociedad viene dando de manera recurrente, en donde el abogado, en medio de una situación de crisis en la administración de justicia, ha venido sufriendo una pérdida de credibilidad y de confianza que es menester rescatar como una aspiración suprema.

 

Indubitablemente, podemos afirmar que es la ética la principal arma que la gente de bien tiene a su haber para luchar contra la corrupción, uno de los temas más relevantes de la agenda pública mundial.

 

De esta manera, la formación ética del jurista será crucial para combatir la corrupción y coadyuvar a su erradicación de todos los sectores de la sociedad. En este sentido, es claro que nuestra misión institucional está fundamentada en la formación ética del profesional del Derecho, con base en el supuesto de que la profesión jurídica tiene un importante contenido ético integrador, donde se privilegian los valores del respeto, la consideración, la cortesía, la responsabilidad y la moralidad, entre otros. 

 

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