La lenta internacionalización de los programas de Derecho

 

*Esta es una sección patrocinada. Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de Acofade.

 

Carlos Mario Molina Betancur

Director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

En el 2006, un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), en la propuesta de Políticas y estrategias para la educación superior de Colombia 2006 – 2010. De la exclusión a la equidad II, definió como temas críticos de la educación superior la limitada internacionalización y la ausencia de sentido propio de dicha dimensión. Esto condujo a diseñar políticas y estrategias que definieran claramente los objetivos y las prioridades para el desarrollo de la educación superior del país.

 

Desde entonces, se puso de manifiesto la relevancia de la internacionalización y de la cooperación en favor del desarrollo de la educación superior. De igual modo, se estableció que los procesos, en la medida en que impulsan la calidad, facilitan la movilidad académica y profesional, “crean referentes para la convalidación de estudios y títulos y, en general, se promueve la transformación de la educación superior en escenarios de trabajo colaborativo, con lo cual se pueden ofrecer mejores respuestas a las necesidades sociales del país”.

 

Basados en este documento, la Ascun, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas (Colciencias) y la Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior elaboraron un documento, en el 2008, denominado La cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación en la educación superior de Colombia. En dicho escrito, se pretendió aunar esfuerzos para el estudio de modelos y tendencias mundiales para la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación, y se propuso estrategias para articular el trabajo de las vicerrectorías de investigación y de las oficinas de relaciones internacionales, con el fin de fortalecer los procesos de internacionalización de la investigación en las universidades del país.

 

Esto coincide con el informe de Jamil Salmi, contratado por el Gobierno Nacional y financiado por el Banco Mundial en el 2008, que lanza el desafío de crear en Colombia universidades de rango mundial, brindando las pautas para el crecimiento económico a través de un adecuado desarrollo educativo en el campo superior.

 

Dicho estudio comparte lo ya establecido en 1998 por el Banco Mundial, en el Informe sobre el desarrollo mundial 1998/1999: Conocimiento para el desarrollo, en donde se propuso un marco analítico del crecimiento, haciendo hincapié en el papel complementario de cuatro dimensiones estratégicas para orientar a los países en su transición a una economía basada en el conocimiento: un apropiado régimen económico e institucional, una fuerte base de capital humano, una dinámica infraestructura de información y un eficiente sistema nacional de innovación.

 

Actitud proactiva

Todo esto nos lleva a resaltar la importancia de la motivación de las instituciones de educación superior para mantener una actitud proactiva frente a la oferta de la cooperación, promocionar los eventos académicos que pueden permitir la definición de políticas de cooperación y modelos de gestión que garanticen mejores resultados en las experiencias, y generar escenarios para definir marcos normativos que garanticen estímulos a docentes-investigadores, a grupos de investigación y a los estudiantes con alto nivel de movilidad.

 

El Gobierno ha realizado algunos esfuerzos para atender las recomendaciones de los expertos, como la expedición de la Ley 1611 del 2011, que pretende generar un reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno colombiano y el Reino de España.

 

De igual modo, Colciencias ha avanzado favorablemente en la oferta de becas de maestría y doctorado en el extranjero. Pero, en materia normativa, todavía no existe una política pública de movilidad para la investigación ni tampoco se ha avanzado en la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como lo han hecho algunos países europeos, entre ellos Francia.

Si miramos de cerca, en el Decreto 1295 del 2010, sobre condiciones de registro calificado, nada se encuentra sobre la exigencia de tener estándares mínimos de calidad en materia de movilidad. El tema de la internacionalización no es una condición en las evaluaciones de los pares académicos. De otro lado, las visitas de acreditación de los programas de educación superior, organizadas y dirigidas por el Consejo Nacional de Acreditación, apenas comienzan a exigir de los programas los convenios activos en materia de movilidad profesoral y estudiantil.

 

Situación precaria

En el campo del Derecho, la situación es más precaria. El atraso del Ministerio de Educación (Mineducación) en materia de reglamentación sobre competencias no permite tener en cuenta la internacionalización o la movilidad como elemento esencial de la formación jurídica, a pesar de que los egresados de Derecho necesitan de un alto contenido de movilidad, ya que 7 de cada 10 graduados encuentran trabajo fácilmente, pero no siempre en la ciudad en donde se formaron, y que también los abogados colombianos de los bufetes internacionales son de lo más cotizados y mejor remunerados en América Latina.

 

En este sentido, el Gobierno no ha hecho casi nada para garantizar la formación internacional y la movilidad en los programas de Derecho del país. Solamente se rescata el esfuerzo que está realizando Colciencias desde hace algunos años en materia de estándares internacionales de producción científica, exigidos en las revistas de investigación como requisito de escalafonamiento de los grupos y de los investigadores de todo el país.

 

En el campo jurídico, pocas son las facultades de Derecho que han hecho esfuerzos importantes para que sus grupos de investigación se escalafonen internacionalmente y, con ello, se incremente su movilidad y producción de manera significativa, y se fortalezca su participación en las convocatorias para el financiamiento de proyectos internacionales. En estas facultades los proyectos de cooperación internacional se relacionan especialmente con los centros y los grupos de investigación y, en algunos casos, con actividades que desarrollan profesores e investigadores de manera individual.

 

Ahora bien, los recursos estipulados en las convocatorias son generalmente muy escasos y focalizados para ciertas áreas o países, de allí se desprende la importancia que tiene la movilidad internacional.

 

Mayor apoyo

Con esto, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), en su afán por la excelencia de la educación superior, avanza en la capacitación de los profesores de Derecho del país en materia de acreditación internacional, que promueve entre otras: las dobles titulaciones, los intercambios académicos, los cursos en varios idiomas, las pasantías de profesores y estudiantes, los convenios de cooperación y los proyectos de investigación en cotutela, así como una importante y constante movilidad académica que permita compartir experiencias y vivir la globalización desde las aulas de clase.

 

Este fue el objetivo del II Curso de acreditación internacional, ofrecido en la Cámara de Comercio de Cartagena, entre el 16 y el 18 de abril, con expertos internacionales, traídos por la Agencia Internacional de Acreditación. Dicha capacitación es otro paso adelante que dieron Acofade y la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina (Afeidal) en el proceso de internacionalización de los programas de Derecho. El encuentro, con 38 profesores de latinoamericanos, pudo establecer nuevamente los grandes vacíos que existen al momento de avanzar hacia estos objetivos.

 

A pesar de estos esfuerzos, se necesita un mayor apoyo del Gobierno y una pronta reacción del Mineducación, antes que el atraso educativo en materia de ciencia, tecnología e innovación sea demasiado tarde.