La innovación en las facultades de Derecho

 

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

Existe una gran preocupación en el país por el deterioro progresivo de la imagen de la profesión del abogado. Y no es para menos, en los últimos años hemos visto magistrados y personajes públicos investigados por malos manejos de lo público, por abuso del derecho, acoso laboral o faltas disciplinarias graves en el ejercicio de sus competencias.

 

Esto ha contribuido a deteriorar aún más la imagen de una profesión que bastante afectada se encontraba por los altos índices de corrupción que la agobiaban, lo que va unido a la mala imagen que tiene el país desde hace más de una década, y que nos ubica este año en el indecoroso puesto 36 entre 176 naciones de la lista de Transparencia Internacional, organismo internacional que identifica los que tienen los más altos índices de corrupción y de violación al Estado de derecho en el mundo. Por esta razón, nuestra profesión ya no hace parte de la prestigiosa lista de las 10 más buscadas por los adolescentes del país, ni tampoco de las mejor remuneradas, en los cinco años que siguen al egreso de los profesionales. Otras, por el contrario, como las ingenierías, las sicologías y las administraciones tienen el viento en popa.

 

El significado

 

Frente a este gran problema, los decanos de las facultades de Derecho del país, reunidos en Cali el pasado 4 de diciembre en la Universidad Santiago de Cali, abordaron este problema y discutieron sobre las posibles soluciones que se deben implementar para resolver tan difícil situación. De las conclusiones de este encuentro parece haber salido la clave del enigma: la innovación. Pero, ¿qué significa innovar en Derecho? Término desconocido para el mundo de los abogados que poco puede abordar el tema sin tener grandes dudas al respecto.

 

En términos científicos, se puede definir la innovación como los innumerables campos y métodos de explorar soluciones que pueden resolver problemas determinados: es la forma más adecuada de crear conocimiento con el fin de brindar soluciones de manera sostenible al servicio de una comunidad. En Derecho, el conocimiento parte del análisis de una realidad social determinada, que se transforma progresivamente a medida que las necesidades lo demandan. Por ello, el conocimiento no es estático, sino que es un proceso dinámico constante que se transforma construyendo modelos específicos para dar solución a necesidades determinadas.

 

Si esto es comprensible para las ciencias exactas y para las ingenierías, para las ciencias sociales no parece tan evidente. Lo anterior podría ser lógico, si aceptamos que las primeras hacen parte del estudio de la materia, que cuenta con una naturaleza propia de creación, de invención y transformación, mientras que las últimas forman parte del estudio de la sociedad, en donde su naturaleza propia es la observación, la deducción y el análisis.

 

Por eso es que en el mundo de la investigación de nuestro país, las ciencias sociales han sido despreciadas y huérfanas, a tal punto de afirmar que estas ciencias no pueden crear nada nuevo, porque la sociedad difícilmente podrían cambiar o transformar la naturaleza humana o inventar un ser humanado diferente. A lo que evidentemente se han opuesto los profesionales que estudian la sociedad y solicitan cada vez más que se les escuche y atienda en sus reflexiones.

 

Tal vez por ello es que el mayor financiamiento de Colciencias se dirige en mayor proporción a las ciencias exactas, a las naturales y a las ingenierías, dejando a las ciencias sociales en último lugar, solo muy recientemente, y quizás por la moda del tema del posconflicto, se viene hablando del emprendimiento como una manera viable de crear soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad. De esta manera, el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia tiene en cuenta muy recientemente también el emprendimiento como una nueva forma de crear propuestas innovadoras para las ciencias sociales. El Derecho hace parte de ellas y no podría estar excluido del campo de la innovación, por varias razones.

 

El artículo 1º del Estatuto del Abogado (D. 196/71) establece que la abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia. El segundo artículo establece que la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Si esto es cierto, ¿cómo no pensar que una sociedad puede evolucionar y ser transformada a partir del trabajo de los abogados?

 

Buenos ejemplos

 

Algunas facultades de Derecho del país, como lo pudimos observar en el mencionado encuentro de decanos, vienen dando el ejemplo: varias mostraron que han hecho grandes innovaciones en materia curricular, creando planes de estudios basados en competencias y generando grandes espacios de interdisciplinariedad, flexibilidad y nuevos modelos pedagógicos que pretenden cambiar la formación de los abogados.

 

Bajo el lema “educa abogados en competencias y obtendrás buenos profesionales en Derecho”, estas transformaciones pretenden cambiar el profesional del Derecho desde su educación, para formar nuevos abogados éticos comprometidos con la legalidad, la honestidad y la recta aplicación del Derecho. Otras facultades han innovado en las prácticas judiciales en sus aulas, creando grupos de acción pública, clínicas jurídicas y semilleros de investigación.

 

En algunas, los programas radiales, las asesorías virtuales y televisivas, así como las misiones jurídicas en cárceles y zonas deprimidas de la ciudad han tenido un auge social jamás esperado y están transformando la forma de enseñar el Derecho en Colombia. Los más osados han enfocado sus esfuerzos en la enseñanza jurídica bilingüe, internacional y de impacto, creando pasantías internacionales, notarías académicas, ligas del consumidor, laboratorios financieros, incubadoras empresariales, observatorios judiciales, defensorías académicas, personerías y contralorías universitarias.

 

Este trabajo silencioso se viene haciendo de forma individual en algunas facultades de Derecho al margen de una legislación ministerial cada vez más obsoleta y contradictoria con los tiempos modernos. La innovación en las facultades de Derecho podría ser mucho más importante y creativa, si existiera una reglamentación de los estudios de Derecho que les permitiera a las instituciones de educación superior más flexibilidad y autonomía.

 

Atraso evidente

 

Desafortunadamente, el Gobierno sigue desconociendo los grandes avances que ha tenido la educación jurídica por competencias en el mundo: acá se sigue hablando de enseñanza por contenidos. Esto puede explicar en cierta forma el atraso que tiene el país en materia de innovación jurídica, por cuanto la generación de nuevo conocimiento en las facultades de Derecho comienza por una adecuada legislación que enmarque su desarrollo y estímulo.

 

Bienvenidas todas las iniciativas de innovación de programas de Derecho independientes, algunos de ellos provenientes de zonas muy alejadas de las grandes capitales del país. En ellas comienza a verse reflejado el nuevo conocimiento que transformará los estudios de Derecho en verdaderos laboratorios de la conducta humana para el bienestar y tranquilidad de la sociedad. Tal vez, en un tiempo no muy lejano, estos pequeños esfuerzos terminen por acercar las facultades de Derecho a los despachos de abogados, a los juzgados, centros empresariales, financieros y administrativos, órganos de control y centros de arbitraje y conciliación, que son realmente los sitios en donde se vive, forma y transforma el Derecho.

 

De este acercamiento y sus prácticas podría surgir el nuevo abogado que necesita nuestro país.

 

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