La formación de los abogados como pilar de una reforma estructural a la justicia

Enrique Gil Botero

Ministro de Justicia y del Derecho

 

Los problemas del sistema de justicia en este país no son nuevos. Al leer las actas de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1991, podemos observar que muchos de los diagnósticos hechos en su momento por algunos de los constituyentes perfectamente pudieran describir nuestro estado actual de cosas en torno a la administración de justicia. 

 

En un artículo titulado Reforma a la justicia, publicado en 1989, Marco Gerardo Monroy Cabra resalta los múltiples esfuerzos de reforma a la justicia que se realizaron durante el siglo XX en Colombia. En este artículo, el autor alude a la reforma a la justicia como “un viejo anhelo nacional”. Así, hace referencia a las distintas reformas que se intentaron implementar en diferentes gobiernos, entre ellos, los de León Valencia y Lleras Restrepo.

 

A pesar de estos esfuerzos, Monroy Cabra aclara que, para ese momento, el diagnóstico de la justicia no era positivo, pues el sistema estaba muy congestionado y existía una desconfianza generalizada de la ciudadanía frente a los jueces. Lastimosamente, es la misma desconfianza que hoy vivimos.

 

En el recuento que hace Monroy Cabra se puede entrever que, durante el siglo XX, existieron diferentes posturas frente a cómo se debían abordar las falencias del sistema de justicia. Prácticamente, cada gobierno presentaba una alternativa distinta que incluso alcanzaba, en algunos casos, a dejar sin efectos a las reformas realizadas en gobiernos anteriores.

 

Esta situación fue escalando hasta que se habló de una reforma estructural constitucional que incluyera, por ejemplo, la creación de la Corte Constitucional y el restablecimiento del Consejo Superior de la Judicatura que se había instituido en una reforma de 1979, que luego fue declarada inconstitucional.

 

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, se han presentado diferentes alternativas que buscan frenar la congestión, la desconfianza y otros elementos que aumentan la brecha entre la justicia y el ciudadano. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para lograr una transformación total de la justicia. La congestión y la desconfianza siguen siendo rasgos característicos de nuestro sistema judicial. 

 

Ante la inefectividad de las reformas, hay que buscar alternativas y girar nuestra mirada hacia la base del sistema de justicia: nosotros, los abogados. Ninguna reforma constitucional o estructural a la justicia funcionará, si no fortalecemos los procesos de formación y de profesionalización de los abogados.

 

En efecto, la formación de los abogados será determinante para el buen funcionamiento de cualquier política o reforma que se implemente y, de allí, la importancia de una definición de los mínimos de calidad para los programas de Derecho.

 

Cuatro pilares

 

En mi opinión, la definición de estos mínimos debe tener en cuenta cuatro puntos: (i) la importancia del abogado en la sociedad, (ii) la autonomía universitaria como principio democrático, (iii) la definición de criterios objetivos y (iv) el derecho a la igualdad.

 

El abogado es, por antonomasia, un defensor de causas, derechos y libertades, en ocasiones, de los más desprotegidos. El fin último de esta profesión es –o debería serlo- la lucha por la dignidad humana. Nuestro papel en la sociedad es de una importancia capital, pues cumplimos con la labor social de mantener vigentes los derechos de las personas. Algunos abogados se convertirán en jueces, y ya sabemos de la relación que hay entre jueces y democracia. Es por ello que del abogado se exige una capacidad transformadora, un enfoque humanístico y un interés en el cuidado del otro.

 

Teniendo en cuenta los planteamientos filosóficos de algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt que son reseñados por Adela Cortina en el texto Crítica y utopía: la Escuela de Frankfurt, la capacidad crítica transformadora depende, en gran medida, de una formación interdisciplinaria que, entre otras cosas, facilite la conexión entre teoría y praxis, entre lo que se piensa y lo que se hace.

 

Martha Nussbaum, en su ensayo Sin fines de lucro, advierte que estamos en presencia de una crisis silenciosa que consiste en el desmonte progresivo de la enseñanza de las artes y las humanidades de los sistemas de educación del mundo, para priorizar la enseñanza de saberes prácticos y utilitarios con capacidad y finalidad para generar renta. 

 

El progresivo desinterés por las artes y las humanidades nos llevan a perder ciertos valores y capacidades que solo florecen con el ejercicio de lo que la tradición filosófica ha llamado las ciencias humanas. Estos valores y capacidades están relacionados con el desarrollo de un pensamiento crítico y la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo.

 

El debate que estamos en mora de abordar y que, en mi concepto, concentra la crisis de valores, no solo en el ámbito de la justicia, es la dicotomía entre una educación para la producción de capital y una educación para la construcción de un ciudadano íntegro. Y el problema que hoy se registra con preocupación es que la educación para la producción económica es el modelo que se está imponiendo sobre la idea de formar ciudadanos para la democracia.

 

Escenarios educativos

 

Según Nussbaum, cultivar la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico, a través de las artes y las humanidades, es fundamental para mantener una democracia con vida y en estado de alerta.

 

Esta es la idea que defiende Nuccio Ardine, quien afirma en su manifiesto sobre la Utilidad de lo inútil: “No tenemos, pues, conciencia de que la literatura y los saberes humanísticos, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo”. 

 

La priorización de escenarios educativos en los que se privilegie la construcción de un ciudadano íntegro y formado en ética y valores nos entregará personas no solo capaces, sino aptas para ejercer el Derecho y administrar justicia.

 

Y, además, creo que ello se puede conseguir a través de una educación transversal en lo que se ha llamado las ciencias humanas y las artes, que son disciplinas que fomentan el desarrollo de valores para la convivencia, la rectitud ciudadana y la cultura de la legalidad.  

 

Vinculado a esto, desde el punto de vista de la ética del cuidado desarrollada por escuelas de pensamiento feministas, se puede decir que vale la pena perseguir el ideal de conciencia del otro explicado por autoras como Nel Noddings. Aunque la formación ética inicia desde el hogar, la universidad debe servir como espacio de preparación de los estudiantes en la toma de decisiones en el plano profesional.

 

Particularmente, los abogados debemos enfrentarnos a diversos dilemas en nuestra vida laboral. La solución planteada por Noddings y las escuelas feministas se centra en señalar que esas decisiones se deben tomar haciendo una consideración previa del otro, es decir, esa ética del cuidado supone un abandono del “yo” como expresión del egoísmo y un reconocimiento del contexto en el que se producen nuestras propias decisiones. 

 

Autonomía universitaria

 

En esta línea, es necesario hacer referencia al papel que juega la autonomía universitaria como principio democrático en este proceso. Este tiene que ser el punto de partida de una regulación para definir los mínimos de calidad de los programas de educación superior.

 

Si bien la Corte Constitucional ha señalado que la autonomía universitaria no es absoluta y que, por ende, no se debe equiparar a la desregulación total, también es correcto afirmar que es un principio esencial para el funcionamiento de toda democracia.

 

En el Ministerio de Justicia reconocemos el valor de la autonomía universitaria y, partiendo de las normas que la desarrollan, hemos brindado apoyo al Ministerio de Educación para llevar a buen término el proceso de socialización de un proyecto de resolución que inició en el 2015.

 

Por ello, hemos trabajado para que se apoye la realización de, al menos, cinco nuevos eventos de socialización para revisar la última versión del proyecto de resolución con las universidades. Por tanto, antes de expedir la resolución, nuestro objetivo es repetir los eventos que ya se presentaron, para garantizar que los interesados puedan revisar las modificaciones realizadas durante estos años, atendiendo a las recomendaciones expresadas en el proceso de socialización.

 

En lo referente al contenido de la resolución, tengo la seria convicción de que se debe mantener un enfoque en criterios objetivos para la obtención y renovación del registro calificado. Esos criterios objetivos no solo facilitarán el trabajo a los evaluadores y la inspección y vigilancia del Estado, sino que también permitirán que las instituciones evaluadas reconozcan sus metas con mayor claridad. Seguramente, las instituciones no se centrarán en cumplir con los mínimos establecidos, sino en superarlos. Ese esfuerzo hará del registro calificado una garantía de igualdad.

 

Confío firmemente en que una herramienta como el registro calificado puede ser un mecanismo idóneo para garantizar la igualdad en materia de educación. Al definir criterios objetivos en una resolución de mínimos, se crea una garantía para los interesados en estudiar Derecho de que cualquiera de las universidades que ofrecen el programa tendrá unas características mínimas debidamente definidas a partir de la ley y de las regulaciones.

 

Así, independientemente de la institución que elija, el estudiante podrá confiar en que el programa escogido cumple con determinadas características de calidad. Aunque cada programa tendrá un ámbito de actuación amplio que no podrá ser desdibujado, también deberá cumplir con unos mínimos dirigidos a asegurar una educación de calidad para cada interesado en contribuir a la sociedad desde el ejercicio del Derecho.

 

Finalmente, creo que estamos ante una oportunidad enorme de transformar la justicia desde las bases. Desde los diferentes sectores de la sociedad podemos contribuir en este proceso y, como usualmente lo hace, la academia cumplirá un papel protagónico en el fortalecimiento y mejora de la política pública colombiana en materia de justicia.