La educación jurídica en tiempos de coronavirus: las enseñanzas de los decanos de las facultades de Derecho

Rodrigo Orlando Osorio Montoya

Decano de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

Desde el año 2003, estoy vinculado a la docencia, pasando por toda la escala de funciones, desde profesor catedrático, hasta decano de varias facultades de Derecho, pero, como todos, no estaba preparado para afrontar un cese total de actividades presenciales por una pandemia mundial.

 

Sin embargo, soy un convencido de que de las grandes crisis surgen los grandes cambios. Son muchos los aprendizajes e ideas que germinan, las cuales se contraponen a otras que piden no continuar adelante con la educación, mientras pasa el covid-19, pero, al ser algo tan incierto, debemos analizar otras salidas desde lo pragmático y generar garantías para continuar hacia delante y no permitir que nos detenga una dificultad de movilidad. Al no tener una idea precisa de hasta cuándo durará el impacto inmediato de la parálisis de actividades ni cuánto más nos afectará física, mental, social y económicamente, la mejor solución es no parar y continuar adelante bajo otra perspectiva.

 

En consecuencia, tanto las universidades públicas como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles le pidieron al Gobierno Nacional que no se cancele el semestre académico, y no suspender las actividades académicas. Sin embargo, algunos sindicatos, docentes y movimientos estudiantiles solicitan lo contrario. Muy respetuosamente me tengo que separar de estas últimas peticiones, dado que lo más fácil en una situación de crisis es abandonar. Este es el camino de los que no quieren hacer esfuerzos, de los que renuncian a las ideas y al gran poder transformador del ser humano.

 

Es el momento de sacar lo mejor de nosotros, para que todos estemos de acuerdo con la continuidad. Así, en lugar de ocultar deficiencias metodológicas, debemos garantizar la calidad en el proceso virtual, en las herramientas tecnológicas y en el acceso a la red.

 

Otro de los argumentos de los que pretenden la suspensión total de las clases es que los registros calificados aprobados por el Ministerio de Educación (Mineducación) y los contratos educativos suscritos entre las instituciones de educación superior (IES) y los estudiantes se concentran en la presencialidad. Sin embargo, el Mineducación ya efectuó un análisis de esta situación y se pronunció al respecto, poniendo énfasis en que la virtualidad en este estado de emergencia no pierde las condiciones de calidad en el registro y, menos aún, no se modifican las condiciones contractuales educativas.

 

De las dificultades surgen entonces los grandes retos: en medio de la emergencia que vive el mundo y el país, se presentan múltiples desafíos para la educación colombiana, las cuales deben afrontarse con liderazgo, tomando decisiones con responsabilidad y oportunidad. Con el compromiso y solidaridad de las IES, docentes, estudiantes y familias nos debemos adaptar para garantizar el derecho a la educación. Los semestres están pagados, y tenemos que responder a ese compromiso con la sociedad: no se debe cancelar el semestre, vamos a garantizar su terminación desde las plataformas virtuales, y si hay que prestar, financiar u obsequiar computadores para garantizarles a los estudiantes y profesores el acceso a la red, se tendrá que hacer.

 

Debemos sacar provecho de la situación y convertir las crisis en oportunidades. Esto hace que la especie humana continúe y evolucione. De allí que en estas circunstancias se revelen los verdaderos docentes y su amor y pasión por la enseñanza, lo que hará resurgir el compromiso con la educación, la academia y la formación.

 

Derecho a la educación

 

La idea y el apoyo para continuar en la adversidad se centran en asegurar el derecho fundamental a la educación, apareado con la garantía de la igualdad y no discriminación, pues es inocultable que la crisis repercute y es diferente en cada estudiante y docente, por las desigualdades en la brecha de inequidad en las que se soporta la sociedad colombiana.

 

El Derecho nos ofrece muchas oportunidades: el Derecho Constitucional está llamado a analizar la normativa que se presenta actualmente en materia de emergencia económica; los derechos humanos y el Derecho Penal nos ofrecen una enorme oportunidad de brindar soluciones al problema de las cárceles y su hacinamiento, que pone en riego a toda una comunidad; el Derecho Administrativo nos obliga a analizar las decisiones que a diario toma el Gobierno Nacional y las autoridades locales; el Derecho Laboral nos impone un gran reto para mantener las garantías sociales que ofrece el empleo y, el Derecho civil, nos proporciona un potencial enorme de estudio sobre las nuevas relaciones jurídicas entre comerciantes, contratistas y deudores.

 

En síntesis, hay que llevar a cabo acciones en pro de no dejar a ningún estudiante por fuera y que el derecho se garantice para todos por igual, teniendo en cuenta las desigualdades socioeconómicas. Es el momento de poner a trabajar a los estudiantes en unas situaciones de crisis que no se presentaban hace 100 años, aproximadamente.

 

Son más de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados en América Latina por los ceses de actividades (Unesco, 2020). Debemos seguir hacia delante en pie de lucha por el derecho a la educación, con equidad e inclusión. Se comprende y se comparte la ansiedad y preocupación de los estudiantes de cara a la incertidumbre y zozobra que genera enfrentarnos a estas circunstancias totalmente desconocidas y con los impactos en la normalidad de nuestras vidas.

 

Entendemos que la adaptación de las IES, estudiantes y docentes a estas nuevas circunstancias no es nada fácil y más en un país como el nuestro. Es el momento de mirar el sector urbano que comparte en sus periferias las necesidades y falencias en herramientas tecnológicas y de conectividad que se tiene en la mayoría del sector rural. Este último, el más extenso territorialmente, es de gran importancia, pues, en su mayoría, nuestros estudiantes provienen de ambos sectores, en un país en el que la brecha de desigualdad social es enorme.

 

Ese sentimiento de zozobra se ahonda en los estudiantes con condiciones socioeconómicas frágiles, que los hacen más vulnerables. Por ello, es nuestro deber mostrarle la luz al estudiante cuando le ofrecemos soluciones ágiles y materiales, calificaciones y asistencia, que sienta el acompañamiento por los gobernantes y las IES, en donde la inequidad, la desigualdad y exclusión desaparecen y, con ello, nacen la legitimidad y gobernabilidad de los docentes, las IES y del establecimiento.

 

Medidas

 

Por último, debemos luchar por el derecho fundamental a la educación y a la salud mental de las personas en estado de confinamiento total: el peor castigo que se le puede dar a alguien es el confinamiento sin nada que hacer, con las graves consecuencias que esto puede generar después con la deserción estudiantil, a la que podremos vernos enfrentados en términos ulteriores. Para ello, propongo reaccionar y adoptar las siguientes acciones:

 

(i) No suspender las clases. Identificar a los estudiantes que carecen de herramientas tecnológicas y conectividad, para asistirlos; preparar protocolos básicos de atención institucional para la crisis y el cambio a presencialidad virtual, y hacer breves y sencillos cursos para docentes y estudiantes en plataformas virtuales e interactividad.

 

(ii) Normalidad en horarios y temáticas. Hay que continuar con las clases de manera virtual en directo, alternando con trasmisiones en diferido, que permitan al estudiante acceder a ellas de nuevo, por problemas de conectividad y repaso.

 

(iii) Flexibilizar el seguimiento académico. Esto con un modelo de evaluación basado en talleres, relatorías, que apuntan a entregar la completa libertad al estudiante, dejar a un lado la desconfianza que deriva del modelo tradicional y hacer un trabajo de sensibilización de cara a la ética.

 

(iv) Nuevo modelo de enseñanza. En materia de investigación, podemos abordar las reflexiones de cara a las circunstancias actuales, que derivan en muchas ideas revolucionarias y, cuando se reanuden las clases con normalidad, analizar los cambios introducidos, la manera particular y general de afrontar la crisis y las repercusiones a futuro en materia educativa, que sea la oportunidad de promover un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. En internacionalización y educación continua, las videoconferencias, charlas, debates en diferido y en directo proporcionan herramientas muy valiosas.  

 

(v) Metodologías. Debemos ser innovadores y aprovechar la retoma de la lectura como herramienta base del aprendizaje, los trabajos en grupos y la creación de presentaciones y exposiciones hechos en casa. 

 

En conclusión, preparémonos desde ahora para la normalización de las clases, siendo conscientes de que esta es una oportunidad de oro para revalorizar lo que tenemos, evitando de nuevo la improvisación. Este es un lapso para analizar con certeza cómo transformaremos los estudios de una manera innovadora.

 

El futuro de la educación jurídica está en nuestras manos, hay que aprovecharlo. Debemos convertir todo esto un aprendizaje y en una fortaleza, repensando y rediseñando los modelos educativos actuales, dado que la dificultad puso a prueba nuestra innovación, creatividad y sentido de adaptación. Es hora de mostrar lo que realmente tenemos y valemos.

 

* Sección patrocinada. Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de Acofade.