La creciente brecha entre justicia y Derecho

 

 

Walter René Cadena Afanador

Decano Facultad de Derecho Universidad Militar Nueva Granada. Integrante de la Junta Directiva de Acofade

 

Estoy convencido de que una de las mejores épocas de la vida es cuando se está en una institución de educación superior (IES), sea como estudiante, docente o funcionario. De manera reciente, al asistir a una ceremonia de graduación de abogados, dos pensamientos me acompañaron durante el acto: el reto que tienen los graduados de ayudar a mejorar los estándares de la justicia en el país y la responsabilidad social de las universidades en graduar profesionales de Derecho con calidad e idoneidad ocupacional.

 

Colombia requiere, con llamado de urgencia, una reconstrucción de la Rama Judicial y del quehacer profesional del jurista. Tenemos la capacidad de ser una de las profesiones con mayor influencia en la sociedad (litigantes, asesores, fiscales, defensores, jueces, magistrados, políticos, empresarios, administradores, gobernantes, educadores, investigadores, analistas, etc.). Hay una concepción generalizada de que el abogado tiene la capacidad de fungir en múltiples cargos u oficios, ya que se dice que “nos le medimos a todo”. Creencia que, por cierto, considero que ha hecho carrera, pero que, lejos de ser una presunción iuris et de iure, es una presunción iuris tantum.

 

Crisis

 

Nuestra profesión vive una crisis de credibilidad que afecta su legitimidad social. No es solo que haya magistrados de las altas cortes investigados por corrupción y tráfico de influencias. Va más allá. Parafraseando al juez de la Corte Constitucional italiana Paolo Grossi, existe una profunda crisis en la que el hombre de la calle no identifica el Derecho con la justicia, al operador del Derecho con el defensor de la justicia. A juicio de Grossi, el hombre de la calle, depositario del sentido común del hombre corriente, tiene razón en este caso (2003, Mitología jurídica de la modernidad).

 

Uno de los aspectos que incide en esta situación es el desmedido número de leyes que se aprueban cada año. Recientemente, se dio como noticia positiva el bajo número de leyes sancionadas tras el primer cuatrienio del presidente Santos: tan solo 300. Esto significa 75 leyes aprobadas por año, es decir, una ley cada cinco días calendario. Adicionalmente, está el tema de la relevancia y calidad de dichas normas. El balance del año legislativo 2014-2015 fue de 385 iniciativas radicadas, de las cuales 10 fueron sancionadas como ley, siendo todas de iniciativa gubernamental. El mayor número de proyectos de ley fue sobre el ítem de “celebraciones y honores” (39), los cuales igualaron en número a los proyectos relacionados con “la rama legislativa” y “los asuntos laborales” (38).

 

Ahora bien, se establece como precepto constitucional que “toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes” (C. P., art. 95), lo que infiere que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” (C. C., art. 9º). Pero esta obligación cada vez resulta más abstracta, ya que ni los mismos profesionales del Derecho tenemos certeza de todo el cúmulo normativo vigente.

 

Adicional a este panorama, encontramos una deteriorada imagen pública de las instituciones y corporaciones jurídicas. Si tomamos como referencia la trazabilidad de los resultados de las encuestas realizadas por Ipsos (Colombia Opina, 2015) durante los últimos dos años, el balance es ampliamente negativo. La imagen favorable de la Corte Constitucional ha promediado el 31 %. Por su parte, el 76 % de la población no confía en la Rama Judicial, y el 70 % desconfía de las altas cortes. Igualmente, el grado de impunidad oscila entre el 97 % y 98 % en violencia contra sindicalistas, periodistas, ejecuciones extrajudiciales, mujeres, reclutamiento forzado de menores o desaparición forzada (Naciones Unidas, Reporte sobre Derechos Humanos, feb. 17/13).

 

Ética y rectitud

 

Debemos retomar el rumbo trabajando con ahínco en la formación esencial de abogados de vocación, no por obligación. Está en nuestras manos contribuir en este lento, pero urgente proceso de reconstruir la imagen y legitimidad de lo jurídico entre la sociedad colombiana. Para ello, debemos actuar acorde con los valores y la ética que desde el seno del hogar hemos recibido y que se ha procurado reforzar en los diversos niveles de la educación.

 

Es una obligación que las IES insistan entre sus egresados sobre la primacía de la ética y la rectitud profesional, en la búsqueda permanente del interés social y la utilización prioritaria de los métodos amigables de solución de diferendos. Nuestra patria lo requiere y recae en los abogados esta responsabilidad que nos compete como arquitectos de la sociedad que debemos ser.

 

En Colombia, existen 183 programas activos de formación universitaria en Derecho, de los cuales el 78 % (143) son de IES privadas y el 22 % restante de IES oficiales. El 71 % (129) de estos pertenece a universidades y el 29 % a instituciones universitarias. Seis ciudades (Bogotá, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla y Cali) concentran el 49,2 % (90) de los programas, entre ellos, la capital tiene 36 programas (19,7 %l). En general, el plan de estudios de los programas de Derecho tiene duración de cinco años, sus periodos son semestrales y tienen 170 créditos en promedio.

 

Existe la creencia generalizada de que Colombia está llena de abogados y, en parte, eso es correcto, ya que el Derecho es la cuarta carrera de pregrado que más graduados ha generado (5,8 %) durante el periodo 2001-2013 (Observatorio Laboral para la Educación, ago. 25/15), después de Administración (19,5 %), Educación (9,3 %) y Contaduría Pública (7,6 %).

 

Propuestas de mejoramiento

 

Entre las rutas de trabajo, pueden encontrarse las siguientes:

 

(i) Reorientar los diseños curriculares de los programas de Derecho vigentes, poniendo énfasis en el área humanística (historia del Derecho y colombiana, ética profesional, expresión oral y escrita, entre otras), la proyección social, así como un componente electivo y optativo que responda a las necesidades del entorno y que le den un rasgo distintivo a cada pensum.

 

En tal sentido, la actualización de las características específicas de pregrado en Derecho debe brindar un derrotero de acción en materia de competencias profesionales, evitando convertirse en una limitante para una proyección de las IES acorde con su misión y proyecto institucional.

 

(ii) Que el Ministerio de Educación Nacional, de la mano con los pares académicos e institucionales, evalúen detenidamente las razones socioeconómicas y de impacto que conlleva aprobar nuevos programas de formación en Derecho, teniendo como criterios esenciales la calidad y la pertinencia. Es usual que en las solicitudes de aprobación de reconocimiento de personería jurídica, las IES proyecten al Derecho entre sus primeras carreras.

 

(iii) El paso dado por la Presidencia y la Corte Constitucional en hacer pública la convocatoria para la elección de magistrados debe ser una línea de acción en todas las altas corporaciones judiciales, con un efectivo involucramiento en la veeduría del proceso por parte de la academia, a partir de organizaciones como la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho o la Corporación Excelencia en la Justicia, las cuales tienen un amplio grado de representatividad.

 

(iv) No es conveniente establecer un examen habilitante para la profesión, teniendo en cuenta la existencia de mecanismos de autocontrol que sirven para garantizar la excelencia de los egresados en abogacía (como los preparatorios o los exámenes de Estado). Lo apropiado es mejorar su grado de exigencia y que estos sean realmente valorados como un criterio de selección laboral, tanto en el sector público como en el privado.

 

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