La academia y las firmas: una nueva alianza al servicio del Derecho

 

Hace mucho tiempo que la labor editorial dejó de ser el eje central de los centros de estudios de Derecho. Aunque las publicaciones siguen siendo una herramienta clave para divulgar los resultados de las investigaciones, las facultades se han dado cuenta de que los proyectos que se emprenden desde la academia son mucho más valiosos cuando logran un impacto real en la sociedad.

 

Las clínicas jurídicas, los convenios interinstitucionales, los programas de litigio estratégico, las pasantías y los intercambios estudiantiles son algunos de los espacios que se han consolidado gracias al interés en alcanzar mayor visibilidad social y en vincular a los estudiantes con el día a día de la labor de los abogados.

 

Pero el escenario ideal para alcanzar esos objetivos es otro. Ahora, las universidades se han concentrado en construir redes de cooperación con las instancias gubernamentales y el sector privado, para propiciar un diálogo abierto e influir en la formulación de políticas públicas que incidan favorablemente a la comunidad.

 

Los centros de estudios de Financiamiento y Desarrollo Regional (Cefides) y de Servicios Públicos y Telecomunicaciones (Cest), creados recientemente por la Universidad Javeriana con el apoyo de Estudios Palacios Lleras, nacen, precisamente, con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad colombiana, combinando los aportes de la investigación jurídica con la visión de quienes están ejerciendo la profesión.

 

Beneficios recíprocos

Los beneficios que pueden salir de una alianza entre la academia y una firma de abogados son incalculables. Unir el respaldo institucional de las universidades con la experiencia profesional de los miembros de la firma garantiza, por ejemplo, que los espacios de discusión y análisis se centrarán en los temas jurídicos de coyuntura y que se distinguirán por su nivel técnico.

 

Las ventajas son recíprocas. Andrés Palacios Lleras, miembro fundador del Cest y abogado asociado de Estudios Palacios Lleras, cree que la firma puede hacerle un gran aporte a los centros de estudios, porque ofrece visiones del Derecho que median entre la enseñanza puramente teórica y su práctica cotidiana.

 

“Muchas veces, los estudiantes conocen las normas jurídicas en abstracto, pero carecen de la experiencia que resulta de su aplicación en escenarios específicos. En Estudios Palacios Lleras buscamos que la base conceptual sustente una práctica jurídica exitosa, y estos espacios académicos son propicios para compartir esa visión”, indica.

 

Además, destaca que los centros de estudios son un marco adecuado para conocer la opinión de expertos que han hecho parte del gobierno, han sido asesores o litigantes y que tienen visiones muy interesantes sobre la manera de abordar problemas específicos sobre la formulación y aplicación de determinadas normas.

 

Los miembros de las firmas también pueden beneficiarse de estas alianzas. De un lado, porque el contacto con las tesis, análisis académicos y experiencias internacionales en materia de Derecho les permite enriquecer su perspectiva y ofrecer mejores servicios a sus clientes. Del otro, porque la posibilidad de debatir y complementar los aportes conceptuales que realizan en asuntos concretos con los académicos es un estímulo profesional adicional a los que usualmente se obtienen en las firmas.

 

Pero el tema va mucho más allá. La idea es que la sociedad academia-firmas resulte productiva  en un nivel más amplio y que alcance logros concretos en su misión de apoyar la formulación y la aplicación de las normas jurídicas.

 

Para lograrlo, el Cefides y el Cest les abrieron sus puertas a profesionales de disciplinas distintas al Derecho. “Tener en cuenta otras perspectivas, como las de los ingenieros y las de los economistas, es indispensable para lograr que las normas jurídicas sean más eficientes y eficaces a la luz de los propósitos que las inspiran”, señala Palacios.

 

Esa es la apuesta que hicieron los dos centros de estudios: la de debatir, con un enfoque interdisciplinario, sobre la eficacia, la idoneidad y la eficiencia de las normas y sobre los problemas de asignación de recursos que generan su diseño y su aplicación.

  

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Centro de Estudios de Financiamiento y Desarrollo Regional (Cefides)

 

Es un lugar común que los centros de estudios de Derecho se centren en el análisis doctrinal y jurisprudencial de las disciplinas jurídicas. Pero el Centro de Estudios de Financiamiento y Desarrollo Regional (Cefides) rebate ese supuesto, valiéndose de la perspectiva del desarrollo regional. 

 

El Cefides entiende que el desarrollo es un proceso dinámico que los juristas deben entender en sus dimensiones social, económica y técnica, para lograr que las normas y la jurisprudencia potencialicen sus aspectos positivos.

 

Y tiene en cuenta que, al establecer que Colombia es un Estado descentralizado, la Constitución le dio un papel definitivo a los municipios, a los departamentos y a los distritos, que resulta clave para la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Con ese marco de referencia, el Cefides pretende identificar cómo el financiamiento y el desarrollo de las entidades territoriales pueden elevar la calidad de vida de la población, en particular de la más pobre, y mejorar la competitividad de la economía nacional, precisa Óscar Gutiérrez, uno de sus socios fundadores.

 

Esa tarea implica el examen de asuntos de Derecho Constitucional, Hacienda Pública y Derecho Administrativo. Sin embargo, el grupo insiste en que su visión del Derecho está ligada a la idoneidad de las normas jurídicas, a partir de las consecuencias que genera en su entorno de aplicación.

 

Por eso, el análisis no puede limitarse a construir argumentos a través de silogismos, sino, más bien, a determinar si las normas crean incentivos adecuados, si generan costos sociales innecesarios y si promueven el cumplimiento o facilitan el fraude.

 

Miembros fundadores

Hugo Palacios Mejía (director)

Juan Carlos Caiza Rosero

Luisa Fernández Mejía

César Augusto López Botero

Julián Daniel López Murcia

Aura Ximena Osorio

Juan Camilo Restrepo Salazar

Vanesa Suelt Cock

Gustavo Zafra Roldán

 

Publicaciones:

Derecho Portuario colombiano, de Óscar Fabián Gutiérrez Herrán y Martha Ligia García Cuello.

  

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Centro de Estudios de Servicios Públicos y Telecomunicaciones (Cest)

 

Uno de los factores que inspiró la creación del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Telecomunicaciones (Cest) es el exitoso papel que ha cumplido el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia de la Universidad Javeriana. Pero el tema de la competencia es solo uno de los aspectos que deben examinarse al hablar de servicios públicos y de telecomunicaciones.

 

Al Cest le interesa discutir, en particular, ciertos aspectos financieros y prácticos relacionados con el desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, sobre todo, debido a los cambios importantes que el Gobierno está preparando en materia de contratación estatal.

 

El grupo está convencido de que, en esa materia, el país debe liberarse de muchos paradigmas y adoptar nuevos criterios y procedimientos para lograr que el sector despegue.

 

Los temas de Derecho del Consumidor y de derechos fundamentales también serán examinados por el Cest. Uno de los temas que hace parte de la agenda es el establecer, por ejemplo, si el deber estatal de asegurar una prestación eficiente de los servicios públicos implica un derecho correlativo en cabeza de los usuarios y los prestadores que pueda ser amparado bajo ciertas circunstancias por la acción de tutela. spirado en la  o facilitan el fraude. decuados, generan costos innecesarios ulta definitivo para la calidad de v

 

Miembros fundadores

Evamaría Uribe Tobón (directora) 

Juan Benavides Estévez-Bretón

Óscar Fabián Gutiérrez Herrán

Julián Daniel López Murcia

Carlos Pablo Márquez Escobar

Andrés Palacios Lleras

Hugo Palacios Mejía

Camilo Alfonso Pinzón Jiménez

Javier Rincón Salcedo

Jaime Salamanca León

Luis Fernando Uribe Restrepo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

 

Publicaciones

El Derecho de los Servicios Públicos, de Hugo Palacios Mejía. 

Régimen constitucional de los servicios públicos domiciliarios, de Julián Daniel López  Murcia.