Gedcop: un foro para construir cultura pro competencia

A principios de marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) presentó los resultados de su gestión en el control de integraciones empresariales y la sanción de prácticas comerciales restrictivas.

A través de un comunicado de prensa, la entidad calificó el 2010 como un año récord en esas materias, un fenómeno que le atribuyó a los efectos que generó la aprobación de la Ley 1340 del 2009 sobre la inversión extranjera y a los avances alcanzados en materia de descongestión.

La cantidad de trámites de integraciones empresariales estudiados fue la más alta desde el 2003. Esa situación, sumada al número y el valor de las sanciones registradas el año pasado, fueron las credenciales a las que apeló la Superindustria para destacar las mejoras en su capacidad de respuesta y para manifestar que está a la altura de las autoridades de competencia de mayor reconocimiento en el mundo.

Pero esas cifras revelan mucho más que los logros alcanzados por ese organismo. También son la prueba de la evolución de una disciplina jurídica que, hasta hace poco, estaba rezagada en los programas académicos de las facultades de Derecho: el derecho de la competencia.

Hoy, la publicidad engañosa, la propiedad industrial, el abuso de la posición dominante y la competencia desleal son términos con los que los abogados están familiarizados. Y no solo ellos. Los empresarios y los consumidores son cada vez más conscientes de lo que puede significar la política de competencia en términos de innovación, eficiencia y desarrollo.

Por eso, las noticias sobre fusiones, conflictos marcarios y prácticas anticompetitivas se han convertido en titulares de primera página y en tema obligado de los columnistas especializados.

Sin embargo, la tarea no está completa. Aunque el derecho de la competencia ya hace parte de los  planes de estudios de pregrado y es objeto de análisis a nivel de especializaciones y diplomados, los expertos coinciden en que esta rama del Derecho tiene mucho más que aportarle al país que artículos académicos y comentarios dispersos.

Sobre todo, podría ser un punto de apoyo clave para la adopción de políticas públicas, si se incentiva el debate en un escenario transparente y con nivel técnico.

Ese es el vacío que pretende llenar el Grupo de Estudios de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial de la Universidad de Los Andes (Gedcop), que se lanzará, el próximo 5 de mayo, con un evento internacional.

Un congreso sobre competencia y desarrollo, que contará con la participación de prestigiosos académicos nacionales e internacionales, empresarios y funcionarios, será el primer paso que dará el Gedcop para lograr que el derecho de la competencia reivindique su lugar como una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico.

Academia proactiva

Los fundadores del Gedcop reconocen que la academia ha hecho una labor importante para divulgar y profundizar el conocimiento de los temas relativos al derecho de la competencia. Jairo Rubio Escobar, ex superintendente de Industria y Comercio, destaca, por ejemplo, el papel que jugó este sector en las discusiones que precedieron la aprobación de la Ley 1340.

“En principio, el Gobierno propuso que la autoridad de competencia fuera un cuerpo colegiado, integrado por los ministros de Estado. Pero la academia se opuso. De inmediato, se oyeron las voces que alertaron sobre la posibilidad de que ese esquema politizara las decisiones”.

El final de esa historia es bien conocido. El debate que propició la iniciativa terminó en lo que muchos identifican como el gran logro de la Ley 1430: la designación de la Superindustria como autoridad única de competencia.

Y los resultados han sido igual de positivos en otras discusiones, como la que motivó el paro de camioneros, a principios del año. En ese caso, muchos coincidían en la necesidad de eliminar la tabla de fletes. Para Rubio, ese consenso tuvo que ver con el papel que ha cumplido la academia como difusor y veedor de las decisiones que el Gobierno, la autoridad administrativa y los jueces adoptan en materia de competencia.

Con esa perspectiva, la agenda se enfocará en la construcción de una cultura pro competencia. “Lo que más nos interesa es la formación y la investigación”, dice Varón. Por eso, el Gedcop se ocupará de capacitar a estudiantes, empresarios, abogados, funcionarios y jueces sobre el rol que cumplen las instituciones del derecho de la competencia.

Las tareas de investigación estarán orientadas a hacer valoraciones técnicas y científicas, con estándares internacionales, de las instituciones del derecho de la competencia y de los mercados y a hacer seguimiento de casos, de pronunciamientos administrativos y de líneas jurisprudenciales.

De esa forma, el Gedcop pretende convertirse en un punto de referencia dentro del universo de instituciones y grupos que se dedican a la enseñanza y aplicación de esta disciplina.

Grupo interdisciplinario

Una de las características esenciales para comprender el derecho de la competencia es su interdisciplinariedad. A diferencia de los especialistas en otras ramas del Derecho, quienes se dedican a esta materia deben mantener un diálogo directo con expertos en economía, mercadeo, publicidad o administración.

Eso, sin contar con que deben acercarse al espectro del mercado que están analizando. Las prácticas restrictivas de la competencia pueden presentarse en el sector aeronáutico o en el financiero, en el ámbito de las telecomunicaciones o en cualquier industria. En esas condiciones, limitarse a las herramientas jurídicas es prácticamente imposible.

Sobre ese supuesto, el Gedcop quiere abrirle sus puertas a todo tipo de profesionales. Ana María Calero, otra de sus fundadoras, considera que esa apertura es uno de los factores que asegurarán que el grupo cumpla con su misión de convertirse en un foro para la observación y la crítica constructiva de las políticas públicas en materia de competencia.

La importancia de establecer ese tipo de diálogo también tiene que ver con que el grupo discutirá aspectos relativos a la propiedad industrial, al comercio internacional y a la protección al consumidor, por el vínculo indisoluble que existe entre estas materias y el derecho de la competencia.

Felipe Serrano considera que ese vínculo es claro, si se tiene en cuenta que todas estas áreas están orientadas a alcanzar la finalidad que busca cualquier actor del mercado: la innovación.

Serrano recuerda que, a principios de los noventa, Michael Porter, director del Instituto para la Estrategia y la Competitividad de la Universidad de Harvard (EE UU),  identificó a la innovación como el factor clave para que un país sea productivo y alcance niveles importantes de crecimiento económico. ¿Y qué es lo que conduce a la innovación? La rivalidad y la competencia. En esas circunstancias, es indiscutible que el estudio del derecho de la competencia debe tener un enfoque interdisciplinario.

Rubio apoya esa idea. En su opinión, el derecho de la competencia debe estudiarse desde el punto de vista de su finalidad, que es la eficiencia del aparato productivo nacional.

“En la medida en que se entienda que, al incentivar la innovación, la rivalidad surte efectos definitivos sobre el crecimiento económico, la libertad de acceso al mercado y la variedad y calidad de los bienes y servicios, la disciplina se convertirá en un elemento de examen imprescindible antes de adoptar cualquier política estatal”, concluye Rubio.

El Gedcop dará su primer paso el 5 de mayo. La competencia como factor de desarrollo y crecimiento, los factores económicos para diseñar una política de competencia, las acciones en materia de derecho de la competencia, la aplicación del régimen en los mercados financieros y de valores y los problemas y retos que enfrenta la disciplina en Colombia son los puntos que analizará el grupo en su primer encuentro con la opinión pública.

Los miembros fundadores

Felipe Serrano Pinilla

Juan Carlos Varón Palomino

Jairo Rubio Escobar

Juan Francisco Ortega Díaz

Mateo Ferrero Cavelier

Ana María Calero