El relevo en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Nacional

 

Después de cuatro años al frente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, José Francisco Acuña Vizcaya culminó su periodo institucional el pasado 15 de junio.

 

Con más de 140 años de historia, esta facultad es una de las más representativas y de mayor reconocimiento en el país. Hoy, tiene cerca de 1.800 estudiantes en pregrado, 400 en posgrado y 1.500 en convenio con otras universidades. Así, alberga una comunidad de más de 3.700 estudiantes.

 

Antes de dejar su cargo, Acuña compartió con ÁMBITO JURÍDICO el balance de su gestión. El profesor Genaro Sánchez lo remplazó en esa distinción.

 

Los frentes de acción

Varios objetivos acompañaron el trabajo de Acuña durante este periodo. El primero de ellos fue la modernización de la facultad en lo académico y administrativo. En su opinión, existía un programa que requería una reforma, no solo en la malla curricular, sino en los contenidos y las prácticas de enseñanza, de cara a transformar los procesos de formación en las ciencias jurídicas y políticas, lograr la articulación con otras facultades del país e insertarse en el ámbito internacional. En el programa de Derecho, se trabajó por el fortalecimiento de materias de fundamentación disciplinar e interdisciplinar y de libre elección.

 

“Así, cerca del 28 % del programa es flexible. Esto significa que el estudiante escoge las asignaturas, en concordancia con la línea de especialización de su preferencia, con un grado importante de autoformación. Es un programa de mucha horizontalidad, con escasa presencia de prerrequisitos, con lo que se busca que el estudiante asuma la autonomía y avance hasta los grados superiores”, apunta.

 

La ampliación de la oferta académica es otro de los puntos que Acuña señala sobre su gestión. Así, hoy existe un Doctorado en Derecho y maestrías en casi todas las áreas del conocimiento jurídico.

Igualmente, destaca la reforma administrativa que se adelantó, con la creación de las vicedecanaturas Académica, encargada de jalonar todos los procesos de desarrollo en ese ámbito, y la de Extensión e Investigación, con la cual se fortaleció el trabajo investigativo y su proyección social.

 

En este último aspecto, plantea que se trabajó en la perspectiva de aumentar los semilleros, se produjeron más de 100 publicaciones y se fortalecieron los grupos de investigación. Hoy, 22 de ellos son reconocidos por Colciencias.

 

Por otro lado, afirma que se modernizó el trabajo del consultorio jurídico, con la adquisición de una biblioteca virtual, la adecuación de las aulas de la sede Casa Gaitán y la sistematización de estas labores, lo que les permite a docentes y estudiantes contar con nuevas herramientas para la consulta sobre el estado de los procesos para la toma de decisiones.

 

En materia de formación integral y mejoramiento del bienestar universitario, se puso en marcha, según Acuña, el programa de complementos alimenticios para 100 estudiantes, a quienes se les proporciona esta ayuda diariamente y se les facilita el transporte a la universidad. Igualmente, se apoyaron diversos grupos de trabajo en materia de diversidad y género, entre otros temas. Uno de ellos, destaca el exdecano, fue el encargado de impulsar la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), que ha tenido una participación notable en la reforma a la educación superior que prepara el Gobierno.

 

Nivel académico de altura

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional sede Bogotá sigue siendo una de las más destacadas del país. Por esa razón, en los últimos cuatro años, en opinión de Acuña, se buscó aumentar su visibilidad e internacionalización, al ser incluida en la Asociación Iberoamericana de Facultades de Derecho (Suijuris), que reúne a cuatro universidades de España y 23 de América Latina de primer nivel, como la Autónoma de Barcelona (España), Carlos III (España), Nacional Autónoma de México y Diego Portales (Chile). Igualmente, forma parte de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina (Afeidal). 

 

Y a nivel interno, se adelantan intercambios con otras instituciones de alta calidad, como la Universidad de Los Andes, y se trabaja en la renovación de la acreditación, cuya vigencia de siete años se vencerá en un año y medio, aproximadamente. Por otro lado, se espera, en corto tiempo, la publicación de las primeras tesis de grado del Doctorado y la graduación de su primera promoción.

 

Las dificultades

El escaso presupuesto nacional destinado a la educación es uno de los grandes problemas que tienen que sortear las instituciones públicas. Según Acuña, desde hace cuatro años, no se aumentan las partidas para esa facultad. Por esa razón, se han atendido algunos de sus programas con los ingresos propios.

 

En lo académico, la planta profesoral no se ha incrementado en 30 años, a pesar de la jubilación de muchos docentes, lo que se refleja en un déficit aproximado de 40 profesionales. ¿Cómo se han suplido? A través de profesores ocasionales, partiendo de la amplia red de egresados, y con la formación de más monitores y auxiliares docentes. En ese sentido, uno de los grandes retos que se avecinan para la facultad es garantizar un relevo generacional docente.

 

Del mismo modo, la reducida planta administrativa, de tan solo 16 personas, plantea la necesidad urgente de aumentar este número de funcionarios.

 

Todas estas necesidades, destaca Acuña, ponen de presente la importancia de la participación que la universidad en la reforma a la educación superior, cuyos principios básicos, asegura, son innegociables.

 

Finalmente, se espera que, en los próximos años, se mejore la planta física, con la ejecución de las acciones proyectadas de readecuación de aulas en la sede principal y la construcción del edificio para los doctorados y las maestrías de esta facultad, conjuntamente con la de Economía.

 

“Mi principal objetivo fue abrir el camino para que la facultad se incorpore a los grandes retos del Derecho y la Ciencia Política en el siglo XXI, a través de la formación de profesionales conscientes de sus compromisos en la construcción de nación y del estado social de derecho”, concluye Acuña.