El Consejo Nacional de Abogados, una necesidad urgente para el país

 

Walter René Cadena Afanador

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Integrante de la Junta Directiva de Acofade

walter.cadena@unimilitar.edu.co

 

Desde hace varios años, se han hecho esfuerzos para reformar la Rama Judicial en Colombia, pero muchos de esos intentos se han quedado en eso. El alto grado de deslegitimidad que le asiste a la rama y, en especial, a las altas cortes, es un síntoma más de la forma como el hombre de la calle mira con desconfianza al Derecho y a sus operadores, a los que ya no asocia directamente con la justicia, tal como lo señala el magistrado italiano Paolo Grossi.

 

Esta crisis de la justicia, por supuesto, es el reflejo de la crisis que vive la sociedad colombiana y, en particular, de sus instituciones. Carcomida por la corrupción procaz, la inefectividad, la dilación aviesa, el excesivo formalismo y las asimetrías propias de una sociedad rigurosamente jerarquizada y elitista, se requiere de un cambio profundo que deberá incluir en su accionar a los diversos actores sociales, sin visos de exclusión.

 

El Acto Legislativo 02 del 1º de julio del 2015 prometió adoptar una reforma de Equilibrio de Poderes y reajuste institucional, normativa que ha generado múltiples críticas y disensos en torno suyo. Ahora, el Gobierno está en la búsqueda de consensos entre los integrantes de la Rama Judicial y la academia que permitan redactar el proyecto de ley que reglamente la citada reforma.

 

Entre otras cosas, se establece la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, el cual será remplazado por el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

 

Proceso lento

 

No obstante, el proceso se antoja lento y no se vislumbra una transición rápida del agonizante Consejo Superior de la Judicatura hacia los nuevos organismos. Tanto es así, que los actuales magistrados de aquel Consejo prorrogarán sus periodos de manera indefinida hasta que sean elegidos los nuevos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (A. L. 02/15, art. 19, parágrafo transitorio 1º).

 

La academia jurídica, que reúne a 183 programas de Derecho activos, todos con registros calificados vigentes expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, no puede permanecer impasible a la realidad social, sumergida en sus propias dinámicas orgánicas y  pequeñas preocupaciones curriculares. Debe dejar la abulia, trascendiendo al jugar un papel activo en la sentida necesidad de reforma de la justicia.

 

La coyuntura es propicia y de ello han tomado nota algunas instancias: en la búsqueda de mayor transparencia, los magistrados acuden con más frecuencia y diversidad a las facultades de Derecho, para que conceptúen sobre demandas de inexequibilidad o sobre trámites ante las altas cortes. De igual forma, las altas corporaciones están solicitando a un mayor número de facultades que postulen candidatos para la conformación de listas a magistraturas o conjueces, los cuales deben ser cribados de manera adecuada.

 

Nueva agremiación

 

En este sentido, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) busca asumir un papel fundamental al agremiar a 75 facultades de derecho en el país. Su participación en estos procesos de meritocracia y transparencia se ha incrementado, lo que ha llevado a que se evalúe la pertinencia de crear un órgano que agremie a la totalidad de profesionales del Derecho del país, en el que tenga representación la academia. 

 

Considero que Colombia requiere de la creación de un Consejo Nacional de Abogados, que se dedique a regular el ejercicio de la profesión. Dicho Consejo debe estar integrado, fundamentalmente, por los mismos integrantes del gremio, quienes, mediante auténticos mecanismos de representatividad, deberán ser elegidos para vigilar y sancionar disciplinariamente a los abogados.

 

En tal sentido, debe aglutinar a la academia y a las múltiples colegiaturas de abogados que existen. Para que este tenga fuerza y legitimidad, tiene que ser reglado legalmente, y se debe establecer la existencia de un código de ética de la profesión, así como un tribunal disciplinario que le permita ejercer sus funciones.

 

Ahora bien, el Consejo no puede duplicar las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De allí que se debe involucrar en la función jurisdiccional disciplinaria, tal como lo señala el nuevo artículo 257 de la Carta Política, en el que esta función puede atribuirse legalmente a “un colegio de abogados”.

 

Liderazgo académico

 

Urge la conformación del Consejo Nacional de Abogados, donde Acofade debe tener un liderazgo proporcional a su condición de ser la más importante asociación de programas y facultades de Derecho del país. No puede ser que la representación de casi 200 programas de Derecho esté concentrada en una decena de casas de estudio que se han abrogado tradicionalmente la primacía y la representatividad nacional. Seguir la ruta de la exclusión viciará la nueva institucionalidad con los reconocidos vicios que llevaron a la debacle al Consejo Superior de la Judicatura.

 

No se está proponiendo nada novedoso: es el modelo de que el gremio regule a los suyos. Es el sistema que ya viene funcionando en el país para agremiaciones profesionales, como las de los contadores, los médicos, los sicólogos o los ingenieros. Algunos consejos de abogados influyentes que pueden servir como referente son el Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (conocido como OAB), el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la American Bar Association estadounidense.

 

La existencia de un Consejo Nacional de Abogados pluralista y gremial demanda una clara representatividad de los colegios de abogados, de las asociaciones que representen a la academia, como Acofade, de la sociedad civil a través de organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia, así como de otros estamentos sociales y gubernamentales.

 

Este Consejo debe velar por el ejercicio ético de la profesión de abogado y por su reglamentación. La politiquería, el clientelismo y la excesiva burocracia deben ser excluidos desde la misma génesis de su creación para evitar su atonía. Con ello se procurará reivindicar que la esencia del Derecho es la justicia, así el hombre de la calle dude de tales intenciones, con sobrada justificación.

 

• Sección patrocinada. Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de Acofade.