¿Cuáles deberían ser los estándares educativos mínimos de los programas de Derecho?

 

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

Como lo resaltaba recientemente la prensa nacional, el tema de la calidad en la enseñanza y aprendizaje del Derecho en el país es preocupante. Estas publicaciones ponen énfasis en informes del Ministerio de Educación Nacional, según los cuales, en Colombia, al menos siete de cada diez abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad, algunos apenas cumplen con los requisitos mínimos para recibir y formar estudiantes universitarios; es decir que solo 3 de cada 10 abogados se forman en programas de alta calidad.

 

Lo anterior podría tener sentido si se tiene en cuenta que la situación de la calidad en Colombia es cada vez más preocupante, el número de estudiantes de las facultades de Derecho llega a 137.948, de los cuales solo el 28 % tendría una formación de calidad. Muchos de ellos logran el título en tres años o menos, y gracias a los vacíos normativos existentes, algunos litigantes ejercen sin título profesional o con diplomas falsos.

 

Esto es consecuente con la apertura creciente de nuevas facultades de dudosa reputación que abren diariamente sus puertas en ciudades que cuentan hasta con más de 30 programas de Derecho, y que a pesar de su mala reputación, atraen nuevos estudiantes ingenuos, ya que ofrecen la posibilidad de ahorrarse, en algunos casos, hasta la mitad del tiempo de carrera tradicional, estudiando los fines de semana y en jornadas concentradas pocos días al mes.

 

La situación se torna insostenible, ya que, en total, 165 programas de pregrado en Derecho están reconocidos en todo el país, 480 especializaciones, 113 maestrías y 11 doctorados. Entre los abogados titulados, se encuentras 250.000 registrados con tarjeta profesional; solo en el 2015, se expidieron 15.246 tarjetas profesionales, un aumento considerable en comparación con el 2005, cuando se expidieron 9.339. Esto es preocupante, ya que el Gobierno Nacional considera que los problemas en la formación de los abogados son una de las causas mayores de la actual crisis de la justicia.

 

Por ello, aduce el Gobierno que es imperativo mejorar la formación de los abogados, porque el ejercicio de la profesión impacta considerablemente la calidad de los servicios que presta la administración de justicia y, en cierta forma, afecta la protección de los derechos fundamentales de las personas.

 

Control y supervisión

 

Pero la culpa parece no ser exclusivamente de la mala formación que reciben los algunos estudiantes en las facultades de Derecho, el problema podría ser también de control. En efecto, el Gobierno Nacional debe tener en cuenta que existe un número alarmante de programas que no cuentan con los mínimos requisitos de funcionamiento: no tienen las instalaciones ni el personal docente requerido, no reciben visitas de inspección y vigilancia y las quejas de los estudiantes no son escuchadas en la mayoría de los casos, o cuando los escuchan, ya es demasiado tarde, como ha pasado recientemente en varios claustros sancionados.

 

Además, las estadísticas de sanciones en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) son alarmantes: entre el 2013 y el 2014 las sanciones en última instancia contra abogados y jueces casi se duplican, al pasar de 659 a 1.250. Según las estadísticas, en el 2015 fueron 1.134, y en los dos primeros meses de este año iban 66 condenas disciplinarias. De los sancionados por el CSJ, solamente 10 fueron excluidos y 737 suspendidos. A pesar del incremento en la mala práctica profesional del abogado, la Sala Disciplinaria no da abasto con las demandas, y entre la interinidad de algunos de sus miembros y las huelgas en la administración de justicia, la amenaza de prescripción de miles de procesos contra abogados y jueces está ad portas de ser una gran tragedia de impunidad.

 

Por último, en las cuatro últimas décadas de reglamentación de los estudios de Derecho, se ha evidenciado una permanente improvisación, lo que ha frenado el desarrollo de las universidades y, con ellas, a los programas de Derecho. Las legislaciones actuales no dan cuenta ni de la evolución de la sociedad ni de las necesidades básicas en formación. El Gobierno viene implementando un proyecto de reforma en la materia desde hace más de cuatro años, sin poder aterrizar nada en concreto. Siguen haciendo estudios y consultando expertos mientras que los estudios de estándares ya han sido evidenciados y publicados por la academia jurídica (Ver Diagnóstico y lineamientos técnicos para los programas de Derecho en Colombia. La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) 2014).

 

Lo que se requiere

 

Estos estándares se encuentran evidenciados, en su orden, en los siguientes puntos:

 

- Una adecuada legislación que dé cuenta de las nuevas competencias que necesita desarrollar el estudiante de Derecho: investigación, conocimiento, ética, comunicación y manejo del conflicto jurídico.

 

- Estricta reglamentación que controle la creación y renovación de programas de Derecho, así como los contenidos curriculares y su implementación.

 

- Vigilancia y control del funcionamiento de los establecimientos que ofrecen programas jurídicos, del cobro de matrículas a los estudiantes y de la selección y tratamiento salarial de sus profesores.

 

- Una normativa que regule las prácticas jurídicas de los estudiantes y su necesaria conexión con el ejercicio profesional del Derecho.

 

- La creación de un tribunal disciplinario manejado o asesorado por los mismos profesionales del Derecho que sancione y regule la mala práctica laboral del abogado.

 

- Un tribunal de ética que expida códigos de ética y dé pautas sobre el adecuado ejercicio de la profesión de los abogados.

 

- Una colegiatura nacional que controle la expedición y renovación de tarjetas profesionales.

 

- Mayor facilidad gubernamental para la movilidad de los estudiantes.

 

- Políticas públicas claras en materia de tecnología, innovación y emprendimiento para los estudios jurídicos.

 

- Más apoyo institucional para la creación de maestrías y doctorado en las regiones del país, sobre todo de las localidades más apartadas de las grandes ciudades, las cuales siguen estando desconectadas del resto del territorio nacional, sin posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías.

 

Bienvenidas, entonces, estas y otras iniciativas que el Gobierno Nacional quiere implementar para resolver la grave crisis institucional en la que se encuentra la profesión del abogado. Sin embargo, no podemos seguir en el estudio y en el debate académico interminable de algo que ya se conoce ampliamente. La adecuada adopción de estos estándares es lo que garantiza finalmente una buena formación jurídica y un ejercicio profesional de calidad; el resto es pura retórica y falta de compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro país.