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Consulta popular para reformar la justicia

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Consulta popular para reformar la justicia (Archivo particular)

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador Judicial II Administrativo

Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

El pasado 11 de octubre, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla fue la sede de una importante manifestación democrática para presentar propuestas ciudadanas de reforma a la justicia. Una vez más la comunidad jurídica estuvo reunida con el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, para escuchar a la gente sobre lo que piensa de una eventual reforma a la justicia: rápida, apolítica y eficiente.

 

Esta manifestación popular estuvo acompañada por Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema; Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; Carmen Díz Muñoz, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade); Efraín Cepeda, senador de la República; Gilberto Blanco, procurador delegado para asuntos civiles y coordinador del evento; Esteban Galves, director de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la Nación; magistrados de tribunales y procuradores regionales, provinciales, delegados y judiciales; jueces; profesores universitarios; estudiantes y público en general, de diferentes medios y localidades. Más de 350 personas reunidas y otras miles conectadas en internet.

 

Para el Procurador General de la Nación, vocero principal de la iniciativa, la ciudadanía no ha sido muy consultada ni tenido en cuenta en las grandes decisiones institucionales del país. Solo recuerda la constituyente de 1991, en donde se escuchó a la gente por primera vez en la historia reciente del país. Considera que estas manifestaciones populares son trascendentales para recoger el sentimiento ciudadano desde la base hacia arriba y así poder saber con claridad qué se debe hacer en una eventual reforma a la justicia.

 

Así mismo, señaló que con esta iniciativa ciudadana se pretende, principalmente: (i) crear consensos democráticos desde los territorios para lograr una legitimidad y respaldo ciudadano en las propuestas que salen de las mesas de trabajo; (ii) poner la Constitución en las manos de la ciudadanía para que se aplique en beneficio de sus intereses y necesidades; (iii) la igualdad que debemos perseguir, porque la justicia es el mejor instrumento para lograr la equidad social; (iv) conocer nuevas propuestas, dado que no se ha escuchado a la gente, y (v) despolitizar la justicia, para que no sean siempre las mismas personas las que deciden qué se debe hacer en este tema. 

 

De acuerdo con el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, el fin fundamental de este tipo de manifestaciones es escuchar a la gente. El país debe discutir amplia y democráticamente sobre las solicitudes en materia de justicia. Así como se hizo en 1991, hay que volver al ciudadano, para saber cuál es el sentir de la población, sobre todo, en los territorios. Según Tejeiro, para el ciudadano común saber cómo se elige a un magistrado de alta corte o cómo se escoge al registrador no es lo más importante, sino saber cómo puede resolver un problema de vecindario o cómo mejorar sus condiciones de vida cotidiana.

 

En opinión de Fernando Sarmiento Cifuentes, la academia jurídica colombiana debe apoyar al Procurador en su deseo de reformar la justicia desde la base. Para Sarmiento, este tipo de reuniones tiene un contenido profundamente democrático, que recuerda el Ágora en Grecia y la constituyente de 1991. Señaló que los medios digitales ahora ofrecen una oportunidad para fortalecer la democracia directa. Finalmente, invitó a apoyar esta propuesta para fortalecer la justicia y el Derecho en Colombia.

 

Mesas de discusión

 

Con estas importantes declaraciones, iniciaron las ponencias provenientes de cuatro mesas de discusión: acceso a la justicia; celeridad y tiempos procesales; infraestructura y tecnología, y trato igualitario.

 

En materia de acceso a la justicia, las intervenciones comenzaron con Germán Ramírez, estudiante de séptimo semestre de Filosofía de la Universidad del Atlántico. Según Ramírez, no existe un vocero que represente los intereses de más de 21.000 estudiantes de esa institución de educación superior. Para él, esa falta de participación académica vulnera los derechos de expresión de una masa importante de jóvenes que no tienen otro medio de intervención sobre temas trascendentales para el país, como la reforma a la justicia. Pidió al Ministerio Público una mayor colaboración para garantizar más acceso de los estudiantes a la justicia.

 

Otro caso interesante lo representa Jovana Campo Bolívar, ciudadana de la región que perdió a un familiar. Su hijo de 23 años murió en un accidente de tránsito y, según ella, la justicia no actuó rápidamente para resolver su problema. Considera que el juez no es próximo a los ciudadanos más desfavorecidos socialmente. Por ello, sin recursos económicos personales ni tampoco en Galapa, municipio en el que vive, no es posible para la gente del común pagar un abogado. Cree que se debe procurar una mayor atención de la justicia para la gente sin recursos económicos.

 

En el tema de celeridad, intervino Juan Pablo Morales, de la Alcaldía de San Antero, quien afirmó que las demandas en justicia se caen fácilmente, por manipulaciones y dilataciones procesales y que esto nunca termina por falta de apoyo a los jueces.

 

En materia de infraestructura y tecnología, el vocero fue el ciudadano Juan David Pérez, que considera el expediente electrónico necesario para garantizar una mejor justicia. En el mismo sentido, Roberto Polo Vuelvas, estudiante de octavo semestre de Derecho en la Universidad del Atlántico, señaló que se debe hacer una reforma a la justicia para que esta tenga más presupuesto y sea mucho más efectiva. En su opinión, se necesita mayor apoyo tecnológico para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia.

 

Por último, en lo que respecta al trato igualitario, Renzo Gamarra Nieto, estudiante de la Universidad Americana, cree que debe haber más atención a las personas de bajos recursos, para que accedan a los servicios de justicia, pues esta no puede seguir siendo clasista ni reservada para unos pocos.

 

Preguntas claves

 

Estas y otras intervenciones tuvieron lugar en un reciento democrático que recogió el sentir de muchos sectores ciudadanos sobre lo que debe ser una adecuada reforma a la justicia. Y para cerrar estas conclusiones de las mesas de trabajo, se realizaron algunas preguntas generales, que tuvieron respuestas concretas, que servirán de parámetro para una eventual reforma a la justicia:

 

- ¿Qué valores consideran esenciales para la práctica jurídica en la administración de justicia? Respuesta: honestidad, igualdad, respeto, responsabilidad, ética, imparcialidad y transparencia.

 

- ¿Cuáles serían las sugerencias como ciudadano para fortalecer los procesos del sistema de justicia? Respuesta: descongestión, financiamiento y celeridad.

 

- ¿Cuáles serían sus sugerencias para fortalecer el acceso efectivo a la justicia? Respuesta: seguridad para la ciudadanía, protección a los líderes sociales y abogados ad honorem para asistir a los más necesitados.

 

El evento se cerró con la entrega al Procurador General del Premio Aequitas como humanista del año, por parte de Porfirio Bayuelo Schoonewolff, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Red Internacional de Justicia Alternativa, Restaurativa y Transicional, institución que premia en el mundo a autores de ideas y reformas que le sirven a la gente para alcanzar los ideales de justica. Un reconocimiento que augura buenos resultados en la consulta popular para empezar a soñar con una buena reforma a la justicia en Colombia.

 

Sección patrocinada. Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de Acofade.

 

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