¿Cómo avanza la evaluación por competencias en las facultades de Derecho?

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo de Acofade

Los continuos cambios que se han generado en la educación superior del siglo XXI hacen pensar no solamente en la necesidad de enseñar por competencias, sino también en su evaluación. No olvidemos que la educación es ahora un tema de desarrollo, que ha sido tenido en cuenta en la agenda internacional desde hace más de medio siglo.

Recordemos que la Unesco fue creada en 1945 por 37 países miembros de la ONU, con la finalidad de establecer “la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”, y así reconstruir los sistemas educativos luego de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1998, cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética renuncia a su sistema comunista, dando fin a la denominada Guerra Fría, se comenzó a preparar el documento Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, en el que se evidencia el nuevo papel asignado a la educación superior, para impulsar las fronteras del conocimiento y la competencia, y así poder afrontar los desafíos del crecimiento regional, dentro de la globalización universal.

Allí, se consigna El plan de transformación de la educación superior para América Latina y el Caribe (2009), que refleja los intereses, aspiraciones y expectativas de los países en materia de desarrollo, se articula la dimensión económica con la social, la conservación ambiental con la equidad social, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Desafortunadamente, en materia de formación, Colombia no está cumpliendo con esos compromisos. La falta de cambio en los planes de estudio de las facultades de Derecho así lo evidencia.

Algunos avances

Si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), lo que ha permitido mejorar la calidad de la comunicación, la formación de redes, la dinámica de los intercambios e interacciones y la conformación de comunidades educativas, entre docentes, estudiantes e instituciones, tanto en el plano nacional como internacional, hoy no vemos un dimensionamiento importante de los programas virtuales en las facultades de Derecho ni tampoco una modificación de sus aulas de clase y espacios de aprendizaje que permitan la conectividad multimodular.

También es cierto que la mayor parte de las facultades de Derecho han adoptado las orientaciones de carácter internacional, expresadas en conferencias, protocolos y acuerdos, como el Proceso Bolonia (2008), el Proyecto 6 x 4 de la Unión Europea (2008) y el Proyecto Tuning, o la Conferencia de la Unesco para Educación Superior (2012), que trajeron consigo el sistema de créditos académicos y la movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores en la enseñanza superior.

Sin embargo, poco o nada se ha realizado en materia de flexibilidad de los grados profesionales, porque casi todos los programas de Derecho siguen siendo rígidos, con más de 170 créditos y con ofertas de más de cinco años, lo que dificulta, en cierta medida, la movilidad internacional de profesores y estudiantes.

En materia de investigación jurídica, resaltamos la adopción de la alta calidad como parámetro de la enseñanza de la educación superior, pero seguimos atrasados en el proceso, con apenas 24 facultades de Derecho acreditadas de un total de 85. Además, son pocos los proyectos internacionales que se presentan y muy baja la financiación externa de nuestros investigadores. Otro tanto se ha materializado en la construcción de un modelo para la educación y la evaluación de las competencias, lo que facilita la comparación de los aprendizajes individuales y el reconocimiento de los perfiles de egreso en las profesiones o carreras seleccionadas. 

La necesaria adecuación

A propósito de los avances que se han realizado en los compromisos del milenio en materia de formación y evaluación por competencias, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha sido el único organismo del Estado que avanza adecuadamente en este sentido. Prueba de ello es la implementación de su cuarta etapa de evaluación por competencias bajo el modelo internacional de línea de especificaciones, el cual, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), viene construyendo las Pruebas Saber Pro para todos los estudiantes de últimos semestres de la profesión.

En este sentido, la institución ha adoptado la evaluación por competencias en tres de los módulos construidos por la comunidad jurídica del país: investigación jurídica, comunicación jurídica y conflicto jurídico, los cuales atraviesan otros dos módulos necesarios y presentes en toda actividad jurídica: el conocimiento jurídico y la ética jurídica.

Estas competencias, que se evalúan desde el año 2010, dan cuenta de los avances que se están realizando en el país en materia de compromisos mundiales de desarrollo social a partir de la educación, como lo propone el Informe Salmi, dado al Gobierno Nacional por el Banco Mundial y la Unesco.

Sin embargo, el Ministerio de Educación sigue sin cambiar su viejo modelo de exigencia por contenidos vigente desde el 2003. De otro lado, la tan anunciada reforma a la justicia no llega y el proyecto de reforma constitucional para equilibrar los poderes no toca para nada el tema de la formación jurídica, un asunto trascendental que deberían estar discutiendo actualmente los responsables de la educación jurídica del país.

Por ello, es el momento de revisar los contenidos de los programas de las facultades de Derecho para saber, a ciencia cierta, si están contribuyendo con el adecuado desarrollo que necesita nuestro país.