Acuerdo nacional para impulsar reformas a la justicia

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador Judicial II para Asuntos Administrativos

Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

El pasado 2 de julio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, citó a importantes personalidades del Estado para firmar un acuerdo nacional que impulse las reformas a la justicia que necesita el país.

 

Dentro de lo acordado, se enmarcan seis puntos iniciales de discusión: (i) propender por la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial, (ii) promover la eficiencia y la eficacia de la administración de justicia en beneficio del ciudadano, (iii) fortalecer la seguridad jurídica que otorgue certeza y predictibilidad al Derecho, (iv) flexibilizar los procedimientos en aras de acercar la justicia a los intereses de la colectividad, (v) incentivar el uso de las tecnologías en el ejercicio jurisdiccional e (vi) impulsar medidas de eficaz gestión presupuestal y los recursos del sector justicia.

 

Lo anterior va muy ligado a lo expuesto en días anteriores por la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco. Esta funcionaria anunció un gran consenso para el nuevo proyecto de reforma, y aclaró que este Gobierno no presentará una gran reforma de la justicia, sino varias, a través de proyectos de reforma constitucional, de leyes estatutarias y de leyes ordinarias.

 

En este sentido, la ministra asegura que su despacho alista cambios estructurales en materia de justicia, los cuales van desde el aumento (a 50 años) de la edad mínima de los magistrados hasta el requisito de 25 años de experiencia en la Rama Judicial. Las reformas también prevén la extensión de 8 a 12 años el periodo de los magistrados de las altas cortes y modificaciones al plan de estudio de los programas de las facultades de Derecho. Además, se confirma la eliminación definitiva del Consejo Superior de la Judicatura, con un robustecimiento del acceso rápido a la justicia, a través de consultorios jurídicos modernos y expeditos en las universidades.

 

Consenso nacional

 

En ese contexto, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, señaló que se debe impulsar una reforma realista que salga del consenso social e institucional en todo el territorio nacional. Según el Director del Ministerio Público, no debemos seguir “bogotanizando” los proyectos de reforma a la justicia, sino descentralizar las discusiones, para que la democracia sea efectiva en este nuevo intento de cambiar lo que no funciona en el sistema judicial.

 

Por ello, Carrillo afirmó que se debe promover una gran consulta ciudadana que recoja el sentimiento general de la población, las opiniones de los operadores de justicia y el sentir tanto de las facultades de Derecho como de los colegios de abogados del país. Considera que ya hay un buen marco de referencia en el Plan Decenal de Justicia, así como en unos recursos que el Gobierno ha tramitado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, para la justicia digital, lo que ampliaría la justicia a los territorios, con el fin de que ciudadanos de lugares muy alejados de las grandes ciudades sientan que están involucrados en el sistema de justicia.

 

También se cuenta con unas importantes discusiones que el Procurador General de la Nación ha realizado en el país con la academia jurídica y con los colegios de abogados, en donde quedan consignadas muchas propuestas importantes para la reforma. Esto significa nada menos que “meterle pueblo a la reforma de la justicia”, dado que es una de las promesas inconclusas de la constituyente de 1991.

 

Para el Procurador, este acuerdo debe ser considerado como una verdadera constituyente para el sector justicia, que represente los deseos de los ciudadanos en los 32 departamentos de Colombia, con cinco encuentros temáticos regionales que puedan canalizar todas las solicitudes. Si esto se concreta en consenso con la sociedad, con las altas cortes y con todas instituciones que se encargan de gestionar el sector justicia, por fin se entregaría una propuesta seria de justicia moderna, transparente, rápida y eficaz, que no podría ser desconocida por el Congreso. 

 

Otras propuestas 

 

A esta invitación se unió el defensor del Pueblo, Carlos Negret, para quien la justicia merece respeto. Aparte de toda la convocatoria ciudadana, Negret considera que debemos hacer un llamado a todos los directores de entidades nacionales para que promuevan reformas importantes en sus instituciones, como la que él mismo promovió en la Defensoría del Pueblo al vincular por concurso a un importante número de funcionarios que se encargan de gestionar la demanda de justicia en esa institución. De allí surge un gran respeto a la ley y a la jurisprudencia, que debe comenzar por los funcionarios que administran justicia, con cargos estables y bien pagados, para luego fortalecer con su trabajo una cultura ciudadana de respeto y orgullo por lo que hacen los operadores de justicia en el país.

 

Así mismo, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que este esfuerzo de reforma debe tener en cuenta esa justicia, la cual no ha sido de fácil implementación, pero que está cumpliendo la tarea para la cual fue creada. Si queremos hacer una reforma a la justicia democrática e incluyente, señaló Linares, debemos tener en cuenta las solicitudes de la JEP, para que las víctimas y los colectivos ciudadanos vean en ella la solución a sus graves problemas de discriminación y exclusión de la sociedad. La JEP no hace parte de la jurisdicción ordinaria, pero sí del Poder Judicial y, por ello, cree que debe participar activamente en cualquier propuesta de reforma a la justicia, dado que, para que ella sea efectiva, debe ser democrática e incluyente.

 

De otro lado, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que se necesitan más jueces en el país, ya que se cuenta con 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando se requieren 65 jueces por cada 100.00 habitantes. En consecuencia, hay una manifiesta demanda de justicia que no podemos desconocer, sobre todo en los territorios más alejados.

 

Por ello, una adecuada reforma a la justicia debe incluir muchos más jueces. Con ese propósito, las regiones con graves problemas de violencia y de exclusión son los lugares donde la reforma a la justicia debe ser más protagónica. Considera que se necesitan más de 4,3 billones de pesos para el sector justicia, ya que lo atribuido en el 2019 no alcanza para cubrir todas las demandas de la población ni para obtener una justicia pronta y efectiva.

 

El camino que empieza

 

Estos importantes planteamientos fueron avalados por Esteban Jaramillo, director de Justicia Formal en el Ministerio de Justicia; Orlando Beltrán, secretario general de la Registraduría Nacional General del Estado Civil, así como por algunos representantes de partidos políticos asistentes al evento: Orfa Patricia Monroy, secretaria general del Partido Conservador; Rodrigo Roncallo, secretario general del Partido Liberal, y Oscar Dueñas, representante de la Unión Patriótica. También participaron integrantes de Dejusticia y del Consejo de Estado. Todos ellos solicitan más apoyo a la justicia, mayor transparencia y democracia en una eventual reforma, para logar una mejor presencia de los jueces en todo el territorio nacional.

 

Este importante esfuerzo de diálogo fue sellado por todos los asistentes, con la firma del Acuerdo nacional para impulsar reformas a la justicia, que pretende, como lo sostuvo el Procurador General de la Nación, convertirse en una verdadera constituyente para reformar la justicia de todos los colombianos. La comunidad jurídica en general, de la mano de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), del Colegio Profesional de Abogados y de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia estarán atentos a estos resultados.

 

* Sección patrocinada. Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de Acofade.