‘Abogado exprés’, ¿es factible?

La posibilidad de obtener doble titulación en un mismo periodo o graduarse en un lapso menor al acostumbrado son algunas de las ofertas publicitadas en los últimos años por parte de las instituciones de educación superior.

 

Esas propuestas resultan atractivas para las personas que desean trabajar y estudiar simultáneamente o quienes son profesionales con experiencia en cualquier ciencia u oficio y pretenden conseguir un diploma en Derecho.

 

A eso se suma que la formación del abogado ya no se basa únicamente en las teorías y el procedimiento del Derecho Civil, Penal, Laboral, Administrativo y Constitucional, sino que incluye materias de distintas áreas, como la economía, la matemática, la filosofía, los idiomas, la ciencia política y la historia, entre otras, y, además, las prácticas.

 

Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinario del pensum de la carrera y los requisitos exigidos para ejercer la abogacía en Colombia, surge la duda sobre la viabilidad de cursar un programa en un periodo corto.

 

Marco legal

El Ministerio de Educación (Mineducación), mediante la Resolución 2768 del 2003, determinó las características específicas de calidad para el pregrado en Derecho y señaló que este debe tener una estructura curricular flexible que organice los contenidos, estrategias pedagógicas y contextos de aprendizaje.

 

Posteriormente, la Ley 1188 del 2008 y el Decreto 1295 del 2010 fijaron las condiciones que deberán acreditar las instituciones para obtener el registro calificado de los programas de educación superior, entre las cuales se encuentran el establecimiento de contenidos curriculares que permitan garantizar el logro de las metas y la existencia de una estructura académica y administrativa flexible, ágil y eficiente.

 

En ese contexto, Carlos Mario Molina Betancur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), opina que estas siguen ancladas a los esquemas de los años setenta, a pesar de que el Estado se adhirió a la Declaración de Bolonia, que recomienda establecer formaciones profesionales cortas, competentes y flexibles.

 

Los países europeos iniciaron una reforma curricular que les permite ofrecer carreras en tres o cuatro años. Entre tanto, las universidades colombianas redujeron los créditos académicos, flexibilizaron los planes de estudio y profundizaron en algunas áreas o especializaciones, añade Molina.

 

Oferta

Entre otros programas, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) oferta la carrera, con una duración de tres años y medio, a los denominados grupos especiales de pedagógica intensiva.

 

Esta modalidad, que se puso en práctica desde el 2008, está dirigida a los servidores públicos, como miembros del Ejército; Policía; Dijin; Sijin; CTI; Inpec; Fiscalía; Procuraduría; Contraloría; ramas Judicial, Legislativa y Ejecutiva; gobernaciones y alcaldías, entre otros, y a los profesionales, tecnólogos y técnicos en un campo distinto.

 

Según su director, Albino Segura Penagos, aquel programa contempla el mismo plan de estudios y número de créditos de la carrera regular, pero, a diferencia de esta, se desarrolla en tres periodos por año y su objetivo es fortalecer el Estado.

 

Así, las personas que laboran en el día podrán capacitarse en la noche y las que ya cuentan con un título pueden estudiar Derecho de forma intensiva, destaca.

 

Sin embargo, Segura advierte que cursar la carrera en un tiempo menor “perjudica la calidad, porque afecta la metodología, la pedagogía, el acompañamiento y preparación independiente del estudiante”.

 

Por eso, considera necesario proporcionar medios adecuados para apoyar al educando, como bases de datos jurídicas y semilleros, grupos y proyectos de investigación.

 

Repercusiones

Una posición contraria es sostenida por José María del Castillo Abella, Luis Eduardo Martínez e Iván Cancino González, decanos de las facultades de Derecho de las universidades Sergio Arboleda, Incca de Colombia y la Corporación Universitaria Republicana, respectivamente.

 

Para Del Castillo, un periodo tan breve no garantiza que se dicten todos los cursos y seminarios ordenados por la ley ni que el abogado adquiera las competencias para actuar como juez, litigante o consultor.

 

A juicio de Martínez, la duración de cinco años de una carrera universitaria resulta limitada algunas veces, ya que algunos contenidos no se estudian en un semestre. Por tanto, disminuir ese tiempo afectaría la calidad de la educación, pues sería un riesgo acreditar que quien obtiene el título en esas circunstancias está avalado para ejercer representaciones judiciales, mientras tiene falencias en el conocimiento, agregó.

 

Al respecto, Cancino afirma: “Si en cinco años ‘se pasan trabajos’ para formar un abogado íntegro en conocimiento y valores, más lo será en menos tiempo. No hay ninguna bondad en una titulación exprés”.

 

En cambio, Molina asevera que el problema radica en la calidad pedagógica: “Es lógico que los planes de estudio se reduzcan, por cuanto la información es de fácil acceso y existen metodologías diversas que implican discusión y reflexión en vez de la memoria”.

 

Alternativas

Frente a ello, es pertinente verificar si una carrera extensa es garantía de una completa formación del futuro abogado.

 

En opinión de Martínez, la calidad proviene de los contenidos curriculares, la planta docente y el mismo estudiante. A su vez, Molina cree que ella depende de la pedagogía y las competencias por desarrollar, pues el tiempo solo tiene implicaciones en el mundo laboral, en tanto los estudiantes buscan programas que no retarden el ejercicio profesional.

 

Eso no es todo. Cursar estudios a distancia o a través de internet es otra opción tomada a nivel mundial, ya sea para realizar diplomados, pregrados o posgrados.

 

En ese sentido, Molina resalta que la virtualidad en la enseñanza del Derecho es un mito y pocas facultades se encuentran preparadas para brindar programas de ese tipo.

 

Martínez asegura que esa posibilidad es un riesgo grave, porque el estudiante necesita la práctica, interlocución y socialización permanente con el docente. Esta idea es compartida por Cancino, quien señala que la educación no debe quedar exclusivamente en manos de los recursos tecnológicos, especialmente en las carreras que requieren interacción directa con otras personas.

 

Ante ese panorama, Del Castillo indica que el Mineducación debe ser más exigente al momento de otorgar o renovar los registros calificados de los programas universitarios.

 

En todo caso, puede resultar prematuro juzgar los resultados de una titulación rápida, mientras no se obtengan datos concretos y suficientes de sus ventajas o perjuicios. Lo cierto es que las diversas ofertas del programa de Derecho crecen constantemente y, con ellas, la demanda.