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“Se necesita con urgencia el fortalecimiento de los cursos de ética en las aulas de Derecho”

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“Se necesita con urgencia el fortalecimiento de los cursos de ética en las aulas de Derecho” (Procuraduría General de la Nación)

A finales del año pasado, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) realizó una encuesta para preguntarles a los colombianos a quién consideraban como el Personaje del Año en el 2017.

 

El elegido fue el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, con quien sostuvimos una conversación, para conocer sobre el trabajo que desarrolla desde hace un año al frente de esa institución y la iniciativa en la que participa para mejorar la calidad de la formación en Derecho.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Ha sido usted elegido como Personaje del Año 2017, luego de una encuesta realizada por Acofade. ¿Qué le dice a usted este reconocimiento?

 

Fernando Carrillo Flórez: Agradezco ese reconocimiento que me anima a seguir trabajando en la construcción de una Colombia nueva de democracia, justicia, equidad y convivencia. Significa que el país está comprendiendo la dimensión de la tarea que cumplimos desde la Procuraduría Ciudadana en defensa de la Constitución, la ética y la vigencia de los derechos humanos. Ese es nuestro norte.

 

Á. J.: Este reconocimiento coincide con su primer año de gestión. ¿Qué balance entrega sobre la actividad del Procuraduría en el 2017?

 

F. C. F.: Llevamos el 25% del mandato para que el que fuimos elegidos y hemos cumplido mucho más de lo que nos propusimos para el primer año. Han sido 365 de cara a la nación, recorriendo la geografía, escuchando a la gente, mirándole la cara a los problemas y dando soluciones a las amenazas a la democracia. Hay un balance de cosas tangibles y muchas invisibles a los ojos de la mayoría. Emitimos 1.479 fallos disciplinarios, contra 254 cargos de elección popular; gracias nuestra acción en conciliaciones administrativas el Estado ahorró casi 164 mil millones de pesos; se combatió casos emblemáticos de corrupción como Odebrecht, Medimás, los juegos nacionales, los carteles de la hemofilia y el Sida, entre muchos; defendimos los derechos de las víctimas y el medio ambiente. Avanzamos en la reingeniería institucional para afrontar los desafíos de una sociedad en permanente ebullición, que tendrá en la tecnología de la información una herramienta insustituible para luchar contra la corrupción.

 

Á. J.: Recientemente, usted se reunió con un grupo de decanos de Derecho para examinar las propuestas para reformar la justicia. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes de esa reunión?

 

F. C. F.: Existe un diagnóstico claro sobre los factores que han llevado a la crisis a la Justicia, después de varios encuentros con los decanos de las facultades de Derecho de todo el país. Hay unas primeras conclusiones: se ha considerado que falla el mecanismo para la elección de magistrados; el referendo, como mecanismo para reformar la justicia, había podido solucionar la actual crisis, si no se hubiera atravesado el proceso electoral. En todo caso, se necesita un gran consenso sobre varias codificaciones éticas: la de los abogados, la de los estudiantes y la de los jueces. Un trípode virtuoso que hoy no marcha en la misma dirección.

 

Las facultades de Derecho reconocen su papel fundamental en la solución de la crisis ética del país. Hay que convertir en materia obligada la relación indisoluble entre la ética y el derecho. La Procuraduría se compromete a seguir trabajando con las facultades de Derecho para la firma del Pacto Ciudadano por la Ética, que sirva de parámetro para exigir a los ministerios de Educación y de Justicia que cumplan con sus obligaciones para mejorar la formación de los abogados en Colombia.

 

Á. J.: ¿Qué es el Pacto Ciudadano para Reformar la Justicia?

 

F. C. F.: Es una propuesta para sumar voluntades desde todos los ámbitos para reformar la Justicia, incluidos las facultades de derecho, los colegios de abogados, los tribunales de arbitramento, la Escuela Judicial, los académicos y expertos. Una sola persona, o un solo grupo, no tienen la capacidad para adelantar semejante tarea. Este Pacto es una ruta necesaria para superar la profunda desconfianza ciudadana en la Justicia, que se expresa todos los días ante la impunidad y la percepción de incapacidad del sistema para garantizar justicia. Hay que recuperar la dignidad de la Justicia. Esto significa un compromiso colectivo para luchar por la dignificación de la profesión del abogado y el buen funcionamiento de la administración de justicia, porque como ya le hemos dicho en varias ocasiones: sin ética el país se derrumba.

 

Á. J.: ¿Cómo se podría adelantar esa reforma? ¿Es viable en pleno año electoral?

 

F. C. F.: Las elecciones se convirtieron en una frontera invisible que impidió avanzar en la construcción de esa iniciativa. Esperamos que los candidatos presidenciales asuman el tema en los debates y se comprometan con una reforma a la justicia, que de ninguna manera debe pasar por aventuras constituyentes, populistas o autoritarias. La reforma a la justicia no puede ser un cheque en blanco, sino el resultado de un amplio consenso ciudadano y un Pacto de Estado. Seguiremos trabajando desde la Procuraduría para establecer unos acuerdos que determinen la mejor manera de hacer la reforma a la justicia. En el segundo semestre del 2018, esperamos presentarle al país una propuesta seria y concertada sobre este tema.

 

Á. J.: Desde su experticia, ¿qué mejorar frente a la formación ética de los abogados?

 

F. C. F.: Un tema fundamental es la ética, que es corazón de la justicia. No hay lo uno sin lo otro. Hace mucho rato la justicia se ha desdibujado ante los ojos de los ciudadanos por comportamientos que han lesionado la confianza ciudadana. El gran reto es devolverle la magnanimidad a la justicia y recuperar la confianza ciudadana, para fortalecer la democracia y cimentar la paz. Existe un diágnostico ya establecido por las facultades de Derecho para volver a la formación ética de los abogados. Se necesita con urgencia el fortalecimiento de los cursos de ética en las aulas de Derecho y su expresión en todas las asignaturas. Además, la creación de un tribunal disciplinario manejado o asesorado por los mismos profesionales de esta disciplina, que sancione y regule la mala práctica profesional del abogado, así como un Tribunal de Ética. Por último, una Colegiatura Nacional de Abogados que controle la expedición y renovación de tarjetas profesionales.

 

Á. J.: ¿Cree que se requiere una reevaluación de la formación y de la educación en Derecho?

 

F. C. F.: Claro que sí. Sobran muchas facultades de garaje y se necesitan mejores abogados. Hay que avanzar para recuperar la dignidad de nuestra profesión. Un pacto ciudadano para ello debería contener varios compromisos: una adecuada legislación que dé cuenta de las nuevas competencias que necesita desarrollar el estudiante de Derecho: investigación jurídica, conocimiento jurídico, ética jurídica, comunicación jurídica y manejo del conflicto jurídico. Lo anterior debe ir atado a una adecuada y estricta reglamentación que controle la creación y renovación de programas de Derecho, así como los contenidos curriculares y su implementación. También, una adecuada vigilancia y control del funcionamiento de los establecimientos que ofrecen programas jurídicos, del cobro de matrículas a los estudiantes y de la selección y tratamiento salarial de sus profesores. Igualmente, una adecuada legislación que regule las prácticas jurídicas de los estudiantes y su necesaria conexión con el ejercicio profesional del Derecho.

 

Á. J.: Cada vez, con más frecuencia, se habla de la corrupción en la justicia. Ya hasta mediaticamente se ha creado un nuevo término: “el cártel de la toga”. ¿Por qué se llegó a esta situación deplorable de la imagen de la justicia?

 

F. C. F.: La confianza ciudadana se perdió cuando la ambición mató el honor y la ley se convirtió en moneda de cambio para los malos abogados. Las malas prácticas han cruzado todos los niveles. La justicia ha hecho esfuerzos por autorreformarse y recuperar la dignidad perdida. Pero falta mucho más. En el imaginario colectivo hay demasiados prejuicios. El país reclama a gritos “justicia”. Y hacerla posible, accesible, real, cierta, debe ser el compromiso del Estado y de todo ciudadano.

 

Á. J.: Desde lo preventivo, ¿cómo formar ciudadanos y funcionarios más respetuosos de lo “público”?

 

F. C. F.: Tenemos que recuperar la ética como valor fundamental de la democracia, educando ciudadanos para vivir en paz y funcionarios públicos para servir a la ciudadanía. El catálogo fundamental de la ética es la Constitución Política, que es, entre otros, un pacto social para eliminar la trampa criminal del enriquecimiento ilítico y la destrucción del Estado.

 

El respeto por lo público hace parte de la cultura ciudadana. Se forma desde el hogar y el colegio y debe madurar a medida que las personas se integran a la vida laboral y de comunidad. Por ello, la Procuraduría centra sus esfuerzos en generar de un lado, una movilización social en torno a la ética de lo público y, de otra parte, a promover en la enseñanza de niños y jóvenes, valores y principios de probidad y rectitud. Ser pillo no paga es una consigna que debe estar grabada en la conciencia, pero sobre todo en el corazón de la gente. Este año trabajaremos muy fuerte con centros educativos, a través entre otras herramientas, de juegos para los niños que promuevan hábitos y conocimientos en esta materia, así como programas con las universidades y centros de formación técnica y tecnológica. Es increíble que a una persona cuando está a punto de salir al mercado laboral y también al sector público, no se le imparten instrucciones sobre los fundamentos básicos de la administración pública. Tenemos que trabajar todos en esto, Estado y sociedad. Ese es el reto, como por ejemplo lo estamos impulsando en la Campaña Vota Limpio, Vota por Ti, para promover cero corrupción en los próximos procesos electorales.

 

Á. J.: Se ha discutido recientemente acerca de la participación del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio. ¿Por qué se debe preservar esa función?

 

F. C. F.: Desmontar la Procuraduría es un viejo anhelo de quienes les estorba la defensa de los derechos fundamentales en los procesos judiciales. Somos garantes del cumplimiento de la ley. El Ministerio Público representa por mandato de la Constitución a la sociedad y, particularmente, dentro del sistema penal acusatorio es el vocero y la conciencia colectiva frente a los roles que tanto la Fiscalía como la defensa ejercen. Garantizar que se cumpla la ley, que se respeten las garantías procesales, pero además, que se preserven los intereses colectivos y los derechos de las víctimas, son tareas insustituibles a cargo de la Procuraduría. Alertar y frenar un abuso contra un imputado, promover que se cumplan los términos y se agilicen los procesos, pero también, vigilar que las penas y efectos económicos de los delitos sean razonables y adecuados, son funciones de nuestros agentes en dichos procesos. Sin Ministerio Público las solicitudes de casa por cárcel irrazonables o las reparaciones injustas, no tendrían un mecanismo de control, que, por demás, se entiende como punto de equilibrio entre acusador e investigado, y factor de apoyo doctrinal al juez. En este campo, principalmente el Ministerio Público se expresa como colaborador articulado de la rama judicial, en su delicada tarea de administrar justicia.

 

Á. J.: ¿Qué participación tendrá el Ministerio Público en la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cree que es suficiente? ¿Qué le aportará esta institución a la justicia transicional?

 

F. C. F.: Vamos a defender los derechos de las víctimas. La Corte Constitucional precisó la participación plena de la Procuraduría en esa jurisdicción aclarando los términos contenidos en el acto legislativo, de tal forma que concurrirá en defensa de los derechos de las víctimas, con las plenas atribuciones que la Constitución Política le reconoce. La justicia transicional es una gran apuesta del Estado Social de Derecho para la consolidación de la convivencia y la paz; esclarecer la verdad, garantizar la no repetición y satisfacer los derechos de las víctimas. Se trata de una expresión de justicia para sociedades que buscan solucionar conflictos armados, siendo Colombia líder en diseñar y aplicar esquemas innovadores en la materia. Dentro de ella, el papel de la Procuraduría será relevante. Ya estructuramos la delegada que inicialmente tendrá a su cargo la representación ante esa jurisdicción y definimos un esquema organizacional y operacional que será sometido a consideración del Congreso. El reto es enorme: participar ante las distintas salas y secciones y ante el Tribunal, será una tarea inmensa, que abordaremos, además, con nuestros procuradores judiciales y teniendo el respaldo de la institucionalidad del Ministerio Público que  se ha reorganizado para hacer seguimiento al acuerdo para la terminación del conflicto armado. Seremos el fiel de la balanza en la JEP con el compromiso de defender los derechos de las víctimas.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales retos de la Procuraduría para el 2018?

 

F. C. F.: Seguir avanzado en la construcción de una cultura de la ética, en la defensa de los derechos a un ambiente sano y una vida digna, y en la protección de las víctimas y los líderes sociales; dar un salto en la modernización de la justicia y en la consolidación de la democracia, ahuyentando el populismo y el autoritarismo. Hay mucho por hacer. Los retos que nos plantea el país son cada vez más grandes. Hay que redoblar esfuerzos para garantizar que el diálogo social se imponga al uso de la fuerza, que la Justicia Especial para la Paz cumpla sus objetivos y que la reconciliación sea el presente y no un sueño inalcanzable. Una ciudadanía fuerte será el resultado de una Procuraduría fuerte, defensora del interés público como Ministerio Público que con orgullo somos.

 

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