¿Cómo mejorar la formación del abogado?

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo de Acofade

 

“El juez tiene, efectivamente, como el mago de una fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más monstruosas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias eternas de verdades”.

Piero Calamandrei, Elogio de los jueces, 1935.

 

La reciente renuncia de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura por un posible escándalo de corrupción, la detención de varios funcionarios judiciales acusados de tráfico de influencia y de cohecho, además del sonado caso del crucero de la Presidenta de la Corte Suprema, evidencian el mal funcionamiento de la justicia de nuestro país ¿Qué está sucediendo?, ¿Quién es el responsable?

 

En primer lugar, parece que estos “sonados” casos no son situaciones nuevas, sino la “punta del iceberg” que anuncia una terrible realidad de corrupción que desde hace mucho tiempo corroe las instituciones judiciales. Para nadie es un secreto que a estas situaciones se suman los constantes enfrentamientos y acusaciones de prevaricato entre magistrados de altas cortes.

 

Pero también han existido publicitados casos de corrupción y de detenciones de funcionarios judiciales en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, lo que desacredita la Rama Judicial, encargada de impartir justicia y velar por los derechos de los ciudadanos.

 

Como lo mencionaba recientemente el editorial de uno de los periódicos más influyentes del país “si la sal se corrompe….”, pues ¡apague y vámonos! tocamos fondo. Lo triste de todo esto es que si la justicia es la moral de un pueblo, los recientes hechos de corrupción demuestran que vivimos momentos difíciles. Esto es gravísimo, no solamente para la confianza de la gente en sus instituciones, sino para la confianza inversionista, responsable del desarrollo de un país. Ante dicho problema, no podemos claudicar, hay que reaccionar. La justicia no se puede corromper.

 

Si esto pasa en las altas esferas de la Rama Judicial, que, generalmente, tienen mayores exigencias de experiencia y formación, qué puede estar sucediendo en tribunales y juzgados, muchos de ellos sin autoridad de policía, con mandatarios locales enjuiciados o bajo sospecha y con influencia de grupos al margen de la ley. Aclaremos que para muchos cargos de despacho judicial no se necesita ser profesional. 

 

En segundo lugar, lo más grave es que todos estos funcionarios son, por norma expresa, abogados de profesión, como la mayor parte de los políticos que dirigen nuestro país y los administradores de la función pública, lo que implica revisar con cuidado que está pasando con la profesión, pues, finalmente, las universidades juegan un papel importante en la formación de estos funcionarios.

 

¿En dónde estudiaron?

Y, hasta ahora, ¿quién le ha pedido cuentas a las universidades de las que han egresado los funcionarios más corruptos de nuestra época? Muchos han estudiado en prestigiosas instituciones y han cursado posgrados, incluso en el extranjero, pero su formación no les ha impedido desfalcar al Estado como el más vil hampón.

 

Por ello, hay que replantear la manera como los abogados se están preparando, para luego trabajar en la administración pública o en la justicia. Buena parte de la congestión se debe al uso legal indiscriminado de abogados, ya sea dilatando procesos o tutelando a todo el mundo. Las sanciones a funcionarios y abogados por el mal ejercicio de sus cargos es pan de cada día. Esto tiene que ver con la educación que se recibe en muchas facultades de Derecho, en donde el tráfico de influencias y el fraude son noticia diarias: los juzgados están llenos de tutelas tratando de resolver dichas violaciones.

 

Hay que hacer una reflexión sobre la formación que reciben los funcionarios y abogados. No olvidemos que la educación es un tema de desarrollo, que ha sido tenido en cuenta en la agenda internacional desde hace más de medio siglo. Recordemos que la Unesco fue creada en 1945 por 37 países miembros de la ONU, con la finalidad de establecer “la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”, y así reconstruir los sistemas educativos luego de la Segunda Guerra Mundial.

 

Desde 1998, se comenzó a preparar el documento Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, en donde se evidencia el nuevo papel asignado a la educación superior, para impulsar las fronteras del conocimiento y la competencia, y así poder afrontar los desafíos del crecimiento regional, dentro de la globalización universal.

 

Allí, se consigna El plan de transformación de la educación superior para América Latina y el Caribe (2009), que refleja los intereses, aspiraciones y expectativas de los países en materia de desarrollo, se articula la dimensión económica con la social, la conservación ambiental con la equidad social, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Desafortunadamente, en materia jurídica, Colombia no está cumpliendo con esos compromisos, la falta de cambio en los planes de estudio de las facultades de Derecho así lo evidencian.

 

Algunos avances

Si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos para implementar las TIC, lo que ha permitido mejorar la calidad de la comunicación, la formación de redes, la dinámica de los intercambios e interacciones y la conformación de comunidades educativas, entre docentes, estudiantes e instituciones, tanto en el plano nacional como internacional, no vemos un dimensionamiento importante de los programas virtuales en las facultades de Derecho ni tampoco una modificación de sus aulas de clase y espacios de aprendizaje que permitan la conectividad multimodular.

 

También es cierto que la mayor parte de las facultades de Derecho han adoptado las orientaciones de carácter internacional, expresadas en conferencias, protocolos y acuerdos, como el Proceso Bolonia (2008), el Proyecto 6 x 4 de la Unión Europea (2008) y el Proyecto Tuning, o la Conferencia de la Unesco para Educación Superior (2012), que trajeron consigo el sistema de créditos académicos y la movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores en la enseñanza superior. Sin embargo, poco o nada se ha realizado en materia de flexibilidad de los grados profesionales, porque casi todos los programas de Derecho son rígidos, con más de 170 créditos y con ofertas de cinco años. Esto dificulta, en cierta medida, la movilidad de profesores y estudiantes.

 

En materia de investigación jurídica, resaltamos la adopción de la alta calidad como parámetro de la enseñanza de la educación superior, pero seguimos atrasados en el proceso, con apenas 24 facultades de Derecho acreditadas de un total de 85. Además, son pocos los proyectos internacionales que se presentan y muy baja la financiación externa de los investigadores.

 

Otro tanto se ha materializado en la construcción de un modelo para la educación y la evaluación de las competencias, lo que facilita la comparación de los aprendizajes individuales y el reconocimiento de los perfiles de egreso en las profesiones o carreras seleccionadas. 

 

A propósito, el ICFES avanza en su cuarta etapa de evaluación por competencias bajo el modelo internacional de línea de especificaciones, el cual, con apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, viene construyendo las Pruebas Saber Pro, para todos los estudiantes de últimos semestres de la profesión. Sin embargo, el Ministerio de Educación sigue sin cambiar su viejo modelo de exigencia de contenidos.

 

Es el momento de revisar los contenidos de los programas de las facultades de Derecho para saber, a ciencia cierta, si están contribuyendo con el adecuado desarrollo que necesita nuestro país.