Existen dos términos cuya definición debe tenerse en cuenta para definir las políticas sobre los activos fijos, según lo previsto en los marcos técnicos de los grupos 1, 2 y 3: la vida económica y la vida útil. La primera es establecida por el fabricante del bien, mientras que la entidad debe establecer la segunda considerando, entre otros aspectos, la utilización prevista, el desgaste físico esperado y la obsolescencia técnica o comercial. En todo caso, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, tanto la vida útil como el valor residual de un activo se revisarán por parte de la administración del ente, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable.