Respecto a la acción de inconstitucionalidad que ataca el parágrafo séptimo del artículo 80 de la Ley de Financiamiento, el cual establece la tarifa general del impuesto de renta para entidades financieras, el Ministerio Publicó indicó que el aumento a un sector determinado de la economía en comparación con la establecida para las personas jurídicas no viola el principio de equidad tributaria, pues tiene una justificación constitucional al comprender actividades de captación de dineros públicos; así mismo, responde al principio de solidaridad  con el cubrimiento de las cargas públicas, teniendo en cuenta las urgentes necesidades de financiación presupuestal para la vigencia fiscal del 2019.