Tanto al momento de interpretar como al de aplicar el principio de sostenibilidad fiscal, ninguna autoridad administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la ley para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al pedir que se declare exequible la Ley 1473 del 2011, pero que se condicione la aplicación de dicho principio. Según el demandante, el Acto Legislativo 03 del 2011 y la Ley 1473 del 2011 se enmarcan dentro de los presupuestos de la teoría de la sustitución de la Constitución.