Que se declare inexequible la norma que exonera del gravamen a los movimientos financieros a las sociedades que adelantan operaciones de factoring vigiladas por las superintendencias de Sociedades, Economía Solidaria o Financiera le solicitó la Procuraduría a la Corte Constitucional. Según el concepto del Ministerio Público, al no incluir dentro del grupo de beneficiarios a sociedades que se dedican a la misma actividad pero que no están vigiladas por los organismos mencionados, se viola el principio de equidad tributaria y se incurre en una discriminación. Adicionalmente, precisa el organismo de control, la disposición llevaría a concentrar la actividad de factoring en quienes tengan grandes capitales o a direccionarla a determinados negocios financieros, pues el beneficio estaría atado a operaciones de menos de 30.000 salarios mínimos. La ponencia será presentada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero.