Cuando existen mutaciones catastrales, la carga probatoria de estas le corresponde al interesado en demostrar que la información es incorrecta o está desactualizada, advirtió la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El alto tribunal señaló que el artículo 187 del Decreto 1333 de 1986 estableció la obligación de los propietarios (sujetos pasivos del impuesto predial) de informar los terrenos, edificaciones y mejoras que no estén incluidas en el catastro, mientras que las autoridades deben actualizarlo. Así las cosas, el proceso catastral no es una actividad unilateral, sino de mutuo aporte entre el propietario o poseedor y la administración, concluyó la corporación (William Giraldo).