El Gobierno radicó ante la Cámara de Representantes una iniciativa con medidas de inclusión y contra la discriminación de los discapacitados. La principal política que se plantea está relacionada con planes de accesibilidad al espacio público. En otro aspecto, se crearían beneficios tributarios para las empresas que contraten personas con discapacidad. Finalmente, se harían modificaciones al sistema de interdicción judicial, para facilitar la toma de decisiones de esta población.