En virtud de la potestad impositiva que la Constitución otorga, las entidades territoriales pueden fijar los elementos del tributo, siempre que lo hagan dentro de los límites y parámetros que la misma ley señala. El Consejo de Estado decidió estarse a lo resuelto en dos fallos del 2004 y del 2011, sobre la legalidad de una ordenanza de la Asamblea Departamental del Atlántico, en la que se determinaron los elementos de las diferentes estampillas. Para el alto tribunal, las leyes que autorizaron la emisión de las estampillas facultaron a las entidades territoriales para fijar esos elementos (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).