El Consejo de Estado señaló que la reserva de ley que se exige para que los municipios regulen directamente los elementos de los tributos, también se exige para el establecimiento de tasas. Por ello, indicó que la prestación económica que implica la tasa debe originarse en una imposición legal. Con estos argumentos, la Sección Cuarta declaró la nulidad de un aparte del acuerdo del Concejo Municipal de Palmira (Valle) que consagraba el cobro de la matrícula de industria y comercio. Según la corporación, como este cobro constituía una tasa fiscal, le era aplicable la reserva de ley (C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).