La cancelación de los honorarios del contador público se realiza en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales, que se rige por las leyes comerciales y civiles, recordó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El incumplimiento en el pago da lugar a la interposición de las acciones judiciales que conduzcan al cobro de lo pactado. La función disciplinaria en relación con las actuaciones de los contadores públicos corresponde a la Junta Central de Contadores, que actúa como autoridad disciplinaria.