Los informes financieros son responsabilidad de la administración de la entidad y, según el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, le corresponde a ella velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. La Ley 43 de 1990 y la normativa sobre ética para contadores públicos contienen directrices que deben observar todos los profesionales de la ciencia contable. No obstante, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, si una entidad tiene elementos que permitan demostrar que un contador público ha incumplido las disposiciones legales que regulan la prestación de sus servicios profesionales, puede presentarlos ante la Junta Central de Contadores, encargada de adelantar los procesos y las posibles sanciones de tipo disciplinario.