El Consejo de Estado indicó que el legislador tiene competencia para fijar los parámetros a las asambleas y concejos, pero no para habilitarlas a crear impuestos, pues la potestad impositiva de las entidades territoriales deriva directamente de la Constitución. De esta forma, declaró la nulidad de unos apartes del Acuerdo 12 del 2006 del Concejo Municipal de Zona Bananera (Magdalena) que se referían a los elementos de la tasa de alumbrado público (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).