Como el impuesto de industria y comercio (ICA) es un impuesto municipal, que grava exclusivamente los ingresos originados por la ejecución de una o varias actividades dentro del territorio de un determinado municipio, cada entidad municipal solo puede exigir el pago del tributo sobre los ingresos de actividades que se desarrollen en su territorio. Así lo advirtió el Consejo de Estado al precisar que es el contribuyente quien tiene la carga de probar el origen de los ingresos provenientes de actividades comerciales y de servicio. En ese sentido, aclaró que, en el caso concreto, la prueba no podía versar sobre la compra de equipos, su mantenimiento, las reformas o actualizaciones que se les hicieron, ni menos sobre el lugar del domicilio del contribuyente, sino sobre el lugar donde se acordó la venta, se entregaron los bienes enajenados y se percibió el precio (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).