En reciente comunicado, la Contraloría General de la República cuestionó el uso que se le ha dado a los recursos recaudados por concepto de impuesto al carbono e impuesto al consumo de bolsas plásticas. En el primer caso, con la denominada Ley de Páramos (Ley 1930/18), los dineros recaudados se dirigen al Fondo Colombia en Paz, pero únicamente el 30 % se destina a temas medioambientales, mientras que el 70 % se destina a la implementación del Acuerdo Final suscrito con las extintas Farc. En el segundo caso, el ente de control considera que, por su naturaleza y resultados, la medida debería vincular a otros agentes económicos que hoy no son responsables del tributo. Por lo tanto, hizo un llamado para que se estudie la posibilidad de asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector.