A partir de la vigencia de la Ley 1430 del 2010, la contribución que se genere con ocasión de la suscripción de contratos de obra pública en los que se hayan celebrado convenios entre la Nación y/o las entidades territoriales deberá ser distribuida entre las entidades que participen, proporcionalmente al monto de sus aportes, precisó el Ministerio de Hacienda. En el caso analizado, se celebró un convenio entre una EICE y la Gobernación de Santander para ejecutar unas obras en el municipio de San Gil. Sin embargo, los recursos fueron aportados en su totalidad por la gobernación, por lo que corresponde a esta la totalidad de la contribución.