Al decidir sobre la legalidad de unas facturas expedidas en el 2013, por medio de las cuales Indumil recaudó el valor del impuesto social a las municiones y los explosivos de una contribuyente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que a partir de la expedición de la Resolución 124 del 2014, proferida por la Dian, está claro que para efectos de discutir en sede judicial la determinación del tributo referido el interesado debe provocar un pronunciamiento de la entidad recaudadora respecto de las cuantías cobradas a través de las facturas. Así las cosas, insistió en que es contra esos actos administrativos, y no contra las facturas emitidas por Indumil, que procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (C. P. Milton Chaves).