Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los contadores públicos deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados o prestar su concurso a operaciones fraudulentas o cualquier otra clase que pretenda ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean personas naturales o jurídicas. Así lo recordó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en reciente concepto.