El Consejo de Estado recordó que para obtener el beneficio de auditoría el contribuyente debía incrementar el impuesto neto de renta por lo menos en un 30% respecto del impuesto neto de renta liquidado en las vigencias fiscales de 1996 y 1997. De igual forma, reiteró que la incompatibilidad entre los beneficios de la Ley Páez (leyes 218 de 1995 y 382 de 1997) y el de auditoría se presenta por la concurrencia en un mismo periodo. En el fallo, el consejo también indicó que la procedencia de las deducciones del impuesto de renta está condicionada a la indispensabilidad de ese costo con el desarrollo de su actividad (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).